El proyecto de ley de cambio climático y transición energética aprobado por el Govern plantea, a partir del año 2025, sanciones importantes para los conductores que traten de llegar a las Islas con un vehículo diésel sin ser residentes. Hasta 3.000 euros es la multa prevista, cantidad que se multiplica por diez en el caso de empresas de alquiler de coches. La batalla contra este combustible, en la que también participa el Gobierno central, está generando una importante distorsión en el mercado de compraventa de automóviles, fruto de la lógica confusión entre los ciudadanos. Balears pretende ser una comunidad pionera e innovadora en la aplicación de medidas de protección medioambiental, una estrategia loable, pero que no debe inducir a la creación de falsas expectativas.
Editorial
La ambición ecológica y la exigencia jurídica del Govern
Eivissa03/09/18 4:01
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