Más confusión.
Si no había ya bastante legislación en materia territorial de nuevo otra ley agraria, que al final tiene un contenido urbanístico, añade más confusión e inseguridad jurídica a los propietarios de parcelas en suelo rústico. Hay que recordar que actualmente está en vigor en Ibiza una normativa territorial cautelar, con vigencia de tres años, que ya supone de por sí una restricción para construir en suelo rústico. Si se aprueba esta ley agraria, a la espera de los equilibrios parlamentarios que se puedan producir en los meses que restan de legislatura, la prohibición ya será definitiva excepto si el propietario del terreno es agricultor profesional.
Demasiadas restricciones.
La construcción de viviendas en suelo rústico lleva muchos años generando un amplio debate social y político, muchas veces con informaciones sesgadas o manipulaciones interesadas de partidos y entidades. Evidentemente el suelo rústico no debe urbanizarse y tiene que haber unos límites muy claros, pero lo que no es lógico es que cada año vayan apareciendo nuevas normativas, siempre añadiendo más prohibiciones, que lo único que hacen es confundir a los propietarios de terrenos y, por supuesto, aprovechando el debate para criminalizar a aquel que compró un terreno rústico en su día con la intención de construirse una casa. Y utilizar una ley agraria para incluir nuevas prohibiciones urbanísticas no parece el mejor instrumento para seguir prohibiendo la edificación en rústico. No parece la mejor solución ni el camino más adecuado.
