La empresa alega que ha tenido que contratar un servicio de seguridad para custodiar la instalación durante las 24 horas del día, una inversión que pretende que se haga cargo el Ayuntamiento. La promotora ya presentó una querella por prevaricación por la actuación del gobierno municipal.
El fallo de Sant Antoni.
Recordemos que el Ayuntamiento de Sant Antoni ha hecho informes contradictorios sobre el chiringuito. Primero otorgó la licencia de actividad gracias a los informes favorables de todos los técnicos y después hizo dictámenes desfavorables que contradecían los anteriores y, por lo tanto, han paralizado un negocio que tenía todas las bendiciones y permisos.
Lógicamente la propiedad reclama sus derechos, que le compensen por todos los gastos ocasionados, que recordemos que incluyen el despido del personal que debía trabajar en el bar de Cala Gració.
Peor imposible.
Es difícil resumir en unas líneas todas las chapuzas protagonizadas por el Ayuntamiento de Sant Antoni esta legislatura. El gobierno progresista ha acumulado un error detrás de otro en estos tres años, se ha enfrentado con muchos colectivos, los funcionarios contradicen los acuerdos de los ayuntamientos, pero este asunto de Cala Gració puede acabar muy mal porque el Ayuntamiento primero bendijo el negocio y después lo paralizó.
Ya se sabe que el tripartito portmanyí no suele hacer caso de los informes de sus altos funcionarios, pero convendría que el gobierno de Cires analizase muy bien el coste económico y judicial de este asunto porque aquí más de uno puede acabar ante los tribunales con una acusación de prevaricación. No parece un tema menor.
