Redefinir cualquier marco tributario es siempre una tarea compleja. Los intentos fallidos en este campo son numerosos y Balears no es una excepción. En esta legislatura serán hasta siete los impuestos que quedarán en el cajón, todos ellos destinados a gravar actividades con impacto sobre el medio ambiente. En una economía cada vez más abierta, la política fiscal tiene una incidencia muy directa sobre la competitividad y es una cuestión todavía más delicada en una comunidad insular como la nuestra. Son muchos los factores que inciden en la estrategia fiscal de Balears; en especial, cuando la iniciativa le corresponde a un Govern que debe aunar intereses políticos no siempre coincidentes.

Las promesas electorales.
El Pacte deja un destacado jirón de sus promesas electorales al aparcar el paquete tributario que debía gravar actividades como el alquiler de vehículos, los grandes tendidos eléctricos o la contaminación generada por el tráfico aéreo, entre otras. El Govern tiene en su haber la aplicación de la siempre polémica ecotasa, a la que los hoteleros todavía atribuyen –quizá de manera interesada– el descenso en el número de estancias. Sin embargo, el resto de grandes impuestos medioambientales deberá esperar a mejor ocasión debido, también, a las dificultades que entraña sortear la normativa estatal y europea; muy celosas de sus respectivos ámbitos competenciales.

Más prudencia y menos publicidad.
Lo ocurrido en esta legislatura debería servir de lección de cara al futuro. Las promesas demagógicas o populistas tienen un recorrido muy corto y pueden conllevar un elevado coste político. Anunciar tributos medioambientales asegura un aplauso inmediato, pero es una irresponsabilidad hacerlo si no van precedidos de un estudio serio sobre su viabilidad. Esta es la gran cuestión. Los ciudadanos tienen que poder confiar en que los compromisos que se plasman en los programas electorales no son meros reclamos publicitarios.