Editorial

Los jueces alemanes no ven rebelión

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La decisión del tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein de conceder la extradición del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación, excluyendo el más grave de rebelión, supone un duro golpe para las tesis del juez Llarena del Tribunal Supremo. El revés judicial tiene también consecuencias políticas, toda vez que también deja al descubierto las tesis del Gobierno sobre el ‘procés’ en Catalunya. El auto será, con toda probabilidad, rechazado por el Supremo, circunstancia que podría resolverse renunciando a la euroorden dictada contra Puigdemont. La medida le obligaría a seguir residiendo en el extranjero.

Inconvenientes jurídicos.
El parecer de los jueces alemanes sobre Puigdemont es similar al ya expresado por los belgas. La ausencia de violencia promovida desde la Generalitat en todo el proceso independentista invalida la consideración de rebelión que se imputa a sus responsables políticos, todo ello también abre serias dudas sobre la conveniencia de mantener en prisión preventiva a los exconsellers, la expresidenta del Parlament y los dirigentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, conocidos como los ‘Jordis’. Carecería de sentido juzgar por el delito de rebelión contra ellos y no al máximo responsable institucional durante el 1-O, Carles Puigdemont.

Abrir la vía política.
España no puede pretender violentar los acuerdos de la UE, aunque supongan un serio contratiempo como en este caso. Es preciso imponer la serenidad y la coherencia jurídica para actuar en consecuencia. La solución del conflicto catalán no se mide en función de la gravedad de una condena, el éxito correrá en paralelo a la obtención de fórmulas políticas que permitan recuperar la convivencia social en Catalunya y, por supuesto, con el resto del Estado. El momento es especialmente delicado, quizá por ello es preciso alejarse de quienes apuestan, en uno y otro bando, por la radicalidad.

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