El auto de la Audiencia Provincial de Navarra que decreta la libertad provisional, bajo fianza de 6.000 euros, para los cinco integrantes de ‘La Manada' –condenados a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016– ha reavivado la polémica social sobre el caso. Los colectivos feministas y formaciones políticas expresaron su rechazo a la decisión judicial, avivando la disconformidad que generó la sentencia inicial –la cual se encuentra recurrida por las defensas–, que descartó la consideración de violación por los hechos que sucedieron en la capital navarra hace ahora casi dos años.
Enorme presión social y mediática.
Todo el proceso judicial de ‘La Manada' se ha desarrollado bajo un contexto de gran presión social y mediática. La indignación ciudadana ha aumentado a medida que se fueron conociendo los detalles de la agresión grupal a la joven, aunque la sentencia contó con un voto particular absolutorio de uno de los integrantes del tribunal, Ricardo González. Sin embargo, ahora, la magistrada Raquel Fernandino que apoyó las tesis condenatorias de ‘La Manada', defiende la libertad condicional de los implicados y deja en minoría la posición del presidente, José Francisco Cobo. Todo ello alimenta todavía más el escepticismo de amplias capas de la sociedad española sobre el correcto funcionamiento de la Justicia en nuestro país.
Un caso con demasiado ruido.
Se comprende todo el desconcierto que provoca el auto conocido ayer de la Audiencia Provincial, el cual da a entender la eventual endeblez de algunos de los argumentos sobre los que se sostiene la sentencia, fallo sobre el que todavía se debe pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra cuando analice los recursos presentados. ‘La Manada' podrá salir a la calle, aunque con severas medidas cautelares, un hecho sobre el que es exigible un enorme esfuerzo didáctico para que lo entiendan los ciudadanos.
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