La problemática de la vivienda es uno de los principales asuntos que preocupan a los ibicencos. Hay poca vivienda y es cara. Para comprar y para alquilar. La situación, tres años y medio después del inicio de la legislatura, puede considerarse que está peor que en 2015. Sigue habiendo poca vivienda y los alquileres están por las nubes. Ibiza es un territorio hostil para muchos ciudadanos que intentan trabajar en la isla. Además de la escasa oferta, la que hay está al alcance de solo unos privilegiados, de millonarios. Ante esta coyuntura era fundamental la intervención de la administración, pero el balance es frustrante. Y el futuro, aún más. Las declaraciones del alcalde de Vila, Rafa Ruiz, amenazando a la Sareb con expropiar el edificio de es Viver demuestra que se están dando palos de ciego en lugar de buscar soluciones reales a los ciudadanos.

Expropiar un edificio.
El Ayuntamiento d’Eivissa decidió hace unos días limpiar el edificio abandonado en es Viver, donde viven okupas y cuya situación está creando problemas en el vecindario. Sorprendentemente, el gobierno muncipal desconocía que el Sareb no es el propietario de dicho edificio. El ‘banco malo’ posee una garantía del préstamo del inmueble, pero no es el dueño, algo que parece que Ruiz y sus asesores desconocían por completo. Para empezar a amenazar con expropiaciones convendría, primero, que el Ayuntamiento de Vila acudiese al registro de la propiedad para cerciorarse de quién es el dueño. En este asunto parece que el gobierno municipal está improvisando mucho, pero expropiar tampoco resolvería el problema tan acuciante que padecen los ciudadanos.

Faltan ideas.
En política de vivienda faltan ideas y soluciones novedosas. Los actuales responsables se empeñan en convocar ruedas de prensa para anunciar la puesta en marcha de promociones públicas, pero sigue pasando el tiempo y todo está igual. El PP también es culpable porque hizo muy poco o nada en la anterior legislatura, pero ahora gobierna la izquierda y su política de vivienda es más que frustrante. Al final de legislatura habrá que cuantificar a cuántas personas han beneficiado. El balance será muy decepcionante.