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La hasta ahora directora general de Turisme, Pilar Carbonell, presentó el viernes su dimisión tras conocerse que el juez del ‘caso Cursach' la había citado en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Los indicios se basan en el contenido de varias conversaciones telefónicas con un directivo del Grupo Cursach, que insta a Carbonell a tramitar un informe con carácter de urgencia, petición que es atendida. Sin embargo, cabe advertir que no hay, por el momento, indicios de contraprestación económica o que la documentación solicitada vulnerase cualquier normativa. Hubo, en todo caso, una diligencia administrativa impropia, si se confirma, que los jueces determinarán si es delictiva.

Un impacto político.
Carbonell no es la primera responsable política que tiene que abandonar el cargo al verse involucrada en un procedimiento judicial, una derivada que genera una importante distorsión en la medida que supone vulnerar el mínimo derecho a la presunción de inocencia. Los múltiples casos de corrupción que han infectado a la clase política española –de los que Balears no se ha librado– han impulsado una nueva conciencia social que habría que dimensionar en su justa medida. Los jueces deben realizar sus pesquisas con total libertad y autonomía y no pueden estar pendientes de si sus decisiones producen efectos políticos inmediatos.

Educación política.
Son numerosos los precedentes de políticos cuya imputación o investigación judicial ha sido sobreseída, aunque ello no les ha librado de tener que dejar sus responsabilidades institucionales. Devolver la confianza a los ciudadanos en su clase política –muy deteriorada en la actualidad– requiere una enorme y compleja tarea didáctica, pero que es preciso abordar. Las exigencias de los códigos éticos plantean situaciones de manifiesta indefensión personal. Se trata de aportar sensatez y rigor.