Eivissa03/11/17 4:01
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La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó ayer un severísimo auto de prisión incondicional para el exvicepresidente y siete exconsellers de la Generalitat de Catalunya, una decisión de la que sólo se librará el exconseller d'Empresa Santi Vila con una fianza de 50.000 euros. En el Tribunal Supremo, la deposición de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los integrantes de la Mesa ha sido aplazada a la próxima semana a petición de las defensa para estudiar con detenimiento la querella de la Fiscalía.

Una trauma organizada. El hilo argumental del auto de la jueza se centra en el reiterado incumplimiento, por parte de los exintegrantes del Govern catalán, de todas las resoluciones del Tribunal Constitucional dictadas en contra de las normas relacionadas con el proceso soberanista. Añade, además, un papel protagonista a la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Omnium Cultural, cuyos dirigentes –Jordi Sánchez y Jordi Cuixart– también fueron encarcelados acusados de sedición en el penal de Soto del Real. Hay, en opinión de la magistrada, una coordinación entre las instituciones de la Generalitat y estas organizaciones civiles cuyo único fin es promover la secesión de Catalunya generando «un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas» entre la población. El eje narrativo de los razonamientos de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 se aleja, en determinados aspectos, del contenido técnico exigible cuando se trata de justificar un ingreso en prisión.

Consecuencias políticas. El ingreso en prisión de Junqueras y los siete exconsellers es una medida extrema que tendrá evidentes consecuencias políticas. Estos encarcelamientos alientan la estrategia de victimización de la causa independentista y enturbia, todavía más si cabe el clima en Cataluña, pero nadie debería extrañarse ahora de las consecuencias jurídicas de un grave error político.