La incierta espera de Puigdemont en Bruselas

Incoherencia política. Puigdemont critica la aplicación del 155 en las instituciones catalanas, que podría haber evitado el pasado jueves de haber convocado las elecciones autonómicas, y reitera su desconfianza de la justicia española, a la que acusa de estar al servicio del Gobierno. La salvaguarda personal de su salida del país no la ha aplicado a todos los miembros de su gabinete que, como él, figuran en la querella del fiscal general del Estado que ya sido admitida a trámite por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. En un incomprensible ejercicio de funambulismo político, Puigdemont reivindica su cargo y rechaza la intervención de la Generalitat, pero admite la convocatoria desde Madrid de los comicios autonómicos del 21 de diciembre.

Celeridad judicial. La tensión política del conflicto catalán está lejos de rebajarse. En un alarde de agilidad judicial, la jueza Lamela ya ha citado para mañana y pasado a Puigdemont y a todos los consellers del que fue su Govern; es una urgencia injustificada –la comisión de cualquier delito está neutralizada– que da argumentos a quienes quieren ver al Gobierno tras las decisiones judiciales.