Poco a poco se van conociendo los detalles de la propuesta de modelo de financiación autonómica que proponen los expertos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, documento al que el Govern, por medio de su representantes, el prestigiosos economista Guillem López Casasnovas, ha presentado un voto particular en el que expresa su rechazo. Aunque se plantean algunos retoques respecto a la estructura actual, el concepto esencial de la crítica desde Balears a la propuesta es que ésta reduce, todavía más, la autonomía fiscal de la Comunitat. Se trata de un principio que se considera inaceptable por parte de sus actuales responsables.

Copago e IVA autonómico. No deja de resultar sorprendente que la solución que aportan los ‘sabios’ convocados por el Ministerio se cimente en trasladar a los ciudadanos la obtención de más recursos financieros cuando la opción más lógica sería modificar el esquema actual para que no sea el Estado el principal beneficiario del esfuerzo fiscal de los contribuyente. Hay que insistir en que los servicios públicos esenciales –sanidad, enseñanza y asistencia social– son, desde hace años, competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Baleares es, con diferencia, una de las autonomías más perjudicadas por el reparto actual de los recursos y no parece que desde Madrid se quiera cambiar o paliar la situación. Es un sarcasmo plantear más copagos o crear un IVA autonómico.

Pagar más, recibir más. Cualquier fórmula de financiación autonómica que no incluya la proporcionalidad entre las aportaciones al Estado y su reversión a Balears no puede ser tenida en consideración. El principio de correspondencia tiene que ser irrenunciable par un Govern que cuenta con un amplio respaldo social en esta posición. De momento, es sólo un informe técnico el que está a debate, pero pronto será el momento de las decisiones políticas. El momento decisivo.