Eivissa14/05/17 4:00
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Mañana lunes finaliza el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley que debe regular el alquiler vacacional en Balears, un texto polémico tanto por la problemática que aborda como por las disposiciones que contiene. Muchas de ellas colisionan con el marco jurídico actual y con el ámbito competencial de la Comunitat Autònoma. De hecho, una enmienda pactada entre el PSIB y Més pretende ampliar a todas las Islas un máximo de 60 días al año –como en su momento propuso el teniente de alcalde de Urbanismo palmesano, Antoni Noguera– el tiempo máximo en el que se podrá ofrecer en régimen de alquiler turístico la vivienda habitual, una duración sobre la que no se conoce ningún argumento que la justifique.

Un problema complejo. Nadie cuestiona la complejidad que entraña resolver el fenómeno del alquiler vacacional en Balears, que vive un auténtico estallido, propiciado, en parte, por una demanda coyuntural derivada de la situación conflictiva que se vive en otros destinos competidores. A esta situación se añade la desconfianza generada en muchos propietarios por la falta de garantías frente a situaciones de impago o destrozo de sus propiedades; los procesos judiciales para recuperar sus viviendas siguen siendo largos y caros. Lo cierto es que el mercado inmobiliario está, en la actualidad, desequilibrado, pero sus causas no siempre responden a las presunciones, como han evidenciado recientes estudios de la UIB.

Regular, no prohibir. El alquiler turístico en las Islas necesita con urgencia una regulación eficaz, que expulse del mercado las infraviviendas o la competencia directa en servicios de alojamiento que ya ofrece el sector hotelero. También es preciso acotar este tipo de actividad a su idea original, la de favorecer rentas complementarias a las familias y no convertirse en un campo abonado para la especulación inmobiliaria. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que las soluciones real no están en el campo de la utopía jurídica.