Eivissa04/05/17 4:00
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Las declaraciones el martes de los catedráticos de la UIB Pablo Vicente Escribá y Xavier Busquets ante el juez instructor del ‘caso Minerval’, en las que insistieron en su inocencia de las acusaciones de estafa y mala praxis profesional, son sólo las primeras fases de una investigación que se supone larga y compleja. En este asunto está en entredicho, además de la solvencia de los dos docentes, el prestigio de una institución académica de primer orden en Balears. Las presuntas irregularidades denunciadas son gravísimas, y por ello es necesario exigir que se llegue hasta el fondo de todo este asunto desde la vertiente judicial. Y la propia Universitat debe ser la primera interesada en que se esclarezca todo.

Ciencia y negocio. Las pruebas testificales y documentales que se irán aportando en la instrucción del ‘caso Minerval’ permitirán determinar si la denuncia que provocó las detenciones, aunque sólo por unas horas, de Escribá y Busquets –además de algunos de sus colaboradores– estaba justificada. El suministro de un producto como el Minerval, todavía en fase de investigación médica previa a su autorización como medicamento, por parte de sus investigadores es la clave de este episodio. Escribá y Busquets deberán acreditar la voluntariedad y destino de los fondos que recaudaron por medio de la Fundación Marathon a cambio de las dosis de Minerval. Discriminar cuánto de investigación y cuánto de negocio había es una tarea que ahora está en manos del juez.

El papel de la UIB. Un detalle que no puede pasar desapercibido es que desde mayo de 2014 dos vicerrectores de la UIB tenían conocimiento de supuestas irregularidades en la investigación del Minerval, una información que no produjo –al parecer– ninguna rápida reacción en el ámbito académico de la UIB. Transcurrió demasido tiempo hasta que se decidió denunciarlo a la Fiscalía. Esta aparente pasividad o lentitud debe ser aclarada en todos sus extremos. La UIB no puede estar también bajo sospecha.