Eivissa27/01/17 4:00
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La hasta hace unos días presidenta del Parlament, Xelo Huertas, dejó el cargo ante la contundencia del informe elaborado por el cuerpo de letrados de la Cámara. El artículo 39c del reglamento no dejaba lugar a interpretaciones sobre su salida forzada tras su expulsión del grupo de Podemos, un cese que se ha demorado de manera artificial por la propia Huertas, con la inexplicable complicidad del Partido Popular. La redacción de la norma que ha forzado la destitución automática de la presidenta es cuestionable desde el punto de vista político. Lo razonable sería que la decisión quedase en manos del mismo pleno que la nombró. Sin embargo, su vigencia es incuestionable y, por tanto, también su cumplimiento. Así lo entienden los asesores jurídicos del Parlament y, al final, también los dos representantes del PP en la Mesa.

El papel del PP. En todo este desdichado episodio, el Partido Popular debería dar cuenta de las razones de su apoyo a las maniobras de Huertas, encaminadas todas ellas a incumplir el reglamento vigente del Parlament. La actitud de los conservadores ha sido cuestionable, sobre todo por dar cobertura a una presidenta atrincherada en su cargo. Al final se ha impuesto la sensatez y se ha dado vía libre al cumplimiento automático. El bloqueo, aunque temporal, al cese de la ya expresidenta ha sido un ejercicio de filibusterismo parlamentario impropio de un grupo como el PP, que tiene a gala la defensa en el cumplimiento de la ley.

Cerrar la sustitución. Tampoco puede decirse que el Pacte está ofreciendo una imagen sólida y coherente en esta crisis institucional, entre otras razones, porque mantiene todavía en el aire el nombre del diputado que ocupará la presidencia del Parlament. Las tensiones internas son evidentes entre los diferentes socios. La situación transmite una sensación que la presidencia de la Cámara es como una almoneda política e institucional inmerecida. Los ciudadanos ya no pasan por alto estas actitudes.