Eivissa14/10/16 0:00
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Los datos del informe elaborado por la Xarxa per a la inclusió social-EAPN, referidos al ejercicio de 2015, son escalofriantes. Un 26,3 por ciento de la población de Balears, casi trescientas mil personas, están en riesgo de pobreza y exclusión social. El índice corresponde a una de las comunidades de economía boyante gracias al turismo, pero que no logra evitar que un 10,4 por ciento de sus ciudadanos viva en un entorno de miseria extrema. La radiografía que ofrece el estudio plantea un escenario de la realidad social de las Islas que apenas se quiere dar a conocer, aunque su existencia es incuestionable cada día en las calles de nuestros pueblos y ciudades.

Implicación social. La asistencia social, protagonizada en buena medida por las organizaciones no gubernamentales, evita que no se produzca un estallido en todo este segmento de la población más desfavorecida; castigada por la crisis desde hace muchos años. El actual modelo económico es incapaz de recuperar para el mercado laboral a muchos de los trabajadores que prescindió durante la recesión, circunstancia que acaba cronificando su situación de desempleo; punto de partida para la sima de la desprotección a medida que pasan los años y se consumen prestaciones, subsidios y ayudas. Es necesario un mayor compromiso institucional para garantizar unos mínimos de protección para los segmentos más débiles de nuestra sociedad.

No olvidar. El principal peligro de la denuncia que lleva implícita el documento de la Xarxa es su olvido, el que quede aparcado en un cajón a la espera de más recursos o de una clase política que no espere réditos electorales de su trabajo con los más necesitados. Esta labor requiere, sin duda, una mayor conciencia ciudadana de que el progreso también se mide en parámetros de apoyo a los colectivos carentes de servicios básicos en una sociedad occidental como la nuestra. Introducir esta nueva mentalidad no es una tarea sencilla, pero no se puede seguir demorando.