La sensatez se ha impuesto y el pleno del Parlament aprobó ayer –con los votos a favor de PP, PSOE, Proposta per les Illes y C's– la Ley de Evaluación Ambiental que incorpora una enmienda, propuesta por el PI, que prolonga durante seis años la posibilidad de seguir construyendo en las zonas urbanas que carecen de red de alcantarillado. El grupo de Podemos se ha opuesto a la modificación, una postura que cabe preguntarse si se habría mantenido en el caso de saber que su voto tenía un efecto inocuo respecto a la redacción final de la ley. Otras formaciones, como sería el caso de Més, han asumido la postura global del Govern en esta cuestión, aunque ello le suponga un coste político.
Responsabilidad institucional. Muchos municipios y propietarios respiran aliviados tras la redacción final de la Ley de Evaluación Ambiental. Prolongar la moratoria sobre la edificación en terrenos sin la red de saneamiento ha requerido una largas y complejas negociaciones para consensuar el texto definitivo. Sin embargo, no puede obviarse que la ausencia de este servicio básico es, en la inmensa mayoría de los casos, la consecuencia de la dejadez municipal que, durante décadas, no ha priorizado la dotación del servicio de alcantarillado a pesar de las exigencias de la Unión Europea. Ahora sólo cabe exigir que el plazo de seis años no tenga que volver a prorrogarse. El medio ambiente de Balears no puede seguir esperando.
Pasos importantes. La nueva ley introduce, además, nuevos elementos destinados a favorecer la protección del medio ambiente, desde la prohibición de rutas de las party boats en áreas protegidas a la agilización de las declaraciones de zonas naturales. La sensibilización social respecto a la preservación del entorno es una dinámica ya imparable en Balears. La clave reside en acompasar las medidas para evitar tensiones y alarmas infundadas; pero siempre manteniendo determinación en los objetivos a lograr. Actuar con responsabilidad es la misión de los responsables institucionales.
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