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Los grupos parlamentarios de la izquierda en el Parlament tienen previsto hacer caso omiso a la advertencia de inconstitucionalidad de la reforma de la ley de protección de los animales realizada desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que recuerda que la competencia en todo lo relacionada con las corridas de toros es exclusiva del Estado. En consecuencia, la pretendida prohibición de la norma balear (que todavía está en trámite) entraría en colisión con la declaración de la tauromaquia como patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, según la ley que se aprobó en 2013.

Un conflicto directo. La negativa a modificar los postulados de la proposición de ley de Balears, que introduce uno de los acuerdos del Pacte, supondrá la segura interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno. En el actual marco legal, la iniciativa de los partidos de la izquierda –que han recogido uno de los postulados animalistas más emblemáticos– no parece que pueda tener mucho recorrido. La ley que protege la tauromaquia tenía por objetivo frenar la dinámica que estrenó el Parlament de Catalunya en 2010, cuando prohibió las corridas de toros en su comunidad autónoma; cuestión que también está pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional.

Aclarar algunas lagunas. Además de la prohibición de las corridas de toros, la iniciativa legislativa que se tramita en el Parlament también aborda eventos tradicionales en Balears en los que participan animales, como son el Correbou de Fornalutx o las fiestas de Sant Joan de Ciutadella. Cabe esperar que los grupos políticos parlamentarios determinen con precisión, a partir de la reanudación del período ordinario de sesiones, el alcance de las limitaciones que se quieren introducir en los espectáculos en los que participen animales. Están en juego sentimientos y hondas tradiciones populares de las Islas.