24/06/16 0:00
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La filtración de las conversaciones mantenidas por el titular del Ministerio de Interior, Jorge Fernández Díaz, con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que –según el periódico digital Público– ambos acuerdan buscar escándalos que desprestigien a políticos y sus familiares comprometidos con el proceso independentista en Catalunya es, sin duda, uno de los episodios más graves en los que está involucrado el Gobierno. Lo ocurrido, si se confirma la veracidad de las transcripciones, debería haber provocado la dimisión o el cese inmediato del ministro, además de una comparecencia urgente del presidente Mariano Rajoy para dar explicaciones de lo ocurrido.

Defensa ridícula. Los argumentos del ministro Fernández Díaz para defenderse rayan el paroxismo, al sostener que él es la víctima al hacerse públicas las conversaciones con De Alfonso cuando, en realidad, lo grave es que un altísimo responsable del Estado esté dispuesto a todo para erosionar a sus adversarios políticos; en este caso, dirigentes de Convergència Democràtica y Esquerra Republicana, partidarios del soberanismo catalán. Inadmisible sin paliativos. Si Fernández Díaz no da explicaciones convincentes, no puede seguir al frente de la dirección de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La tibieza en la respuesta de Rajoy le compromete de manera peligrosa en este lamentable asunto.

Enturbiar la campaña. Es evidente que el momento en que se han dado a conocer los manejos de Fernández y De Alfonso en la antesala del despacho del primero no es casual, a pocos días de las elecciones del 26-J. Habrá que ver si tiene alguna incidencia en los resultados electorales. Pero ello no desvirtúa en nada la gravedad de lo ocurrido. No es la primera ocasión que las cloacas del Estado español se abren; por eso es preciso recordar el papel clave de los medios de comunicación en su denuncia y la exigencia de que el estamento judicial investigue y se exijan posibles responsabilidades penales por lo ocurrido.