EditorialEivissa19/06/16 0:00
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El dictamen aprobado por el Consell Consultiu sobre el borrador del reglamento de la ecotasa, un tributo que el Govern tiene previsto recaudar a partir del próximo 1 de julio, deja fuera de su aplicación decenas de miles de alojamientos vacacionales. Pisos, apartamentos, fincas e incluso habitaciones que se comercializan en Balears por medio de los grandes portales de internet no liquidarán este impuesto, circunstancia que supone un evidente agravio con el resto de la oferta de alojamiento turístico ya reglado, en especial el hotelero. El Consultiu exige al Govern una regulación específica, por medio de la Ley General Turística, para cubrir la actual laguna legal en la que se encuentran los alquileres vacacionales en las Islas.

La competencia desleal. Dejar fuera de la liquidación de la ecotasa a los alquileres turísticos genera una competencia desleal con respecto a todo el sector hotelero, cuyo control por parte de la Administración le obliga a incluir los costes del nuevo gravamen. Tal y como advierte el propio dictamen del Consell Consultiu, el Govern debe acelerar la regulación de la gran cantidad de viviendas que albergan turistas cada año en Balears, un fenómeno que ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años, y que supone un importante aporte económico para las familias y particulares. Sin embargo, los inconvenientes legales a salvar no son menores.

Arrendamiento turístico. Definir y acotar la definición del alquiler turístico no es sencillo ya que la actual Ley de Arrendamientos Urbanos –de competencia estatal– no fija ningún plazo mínimo, del mismo modo que también se establece el canal para la liquidación fiscal de sus ingresos. Combatir la opacidad fiscal debe ser uno de los primeros beneficios de una regulación que debe ser tan estricta como sencilla, una situación a la que han hecho frente tanto otras comunidades como otros importantes destinos turísticos europeos. Es una cuestión de prioridades políticas.