Eivissa25/05/16 0:00
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Se está intensificando el debate sobre la vivienda en Eivissa. La llegada de la temporada turística ha acentuado los problemas de aquellas personas que buscan un piso para poder vivir mientras trabajan. Es cierto que el fenómeno de los pisos turísticos está distorsionando el mercado, que impide el acceso a la vivienda a muchos trabajadores, pero no se puede responsabilizar de esta situación a los propietarios. Los encargados de hacer política son las instituciones, no los particulares. Porque alquilar un piso una semana es totalmente legal; lo que no es legal es ofrecer otros servicios turísticos como transporte, limpieza, etcétera.

Errar el tiro. A propósito de la problemática de una mujer de 94 años que será desahuciada porque no puede pagar el nuevo alquiler, la consellera social del Consell, Lydia Jurado, ha llegado a acusar a los propietarios de la casa de usura al subir el precio del alquiler de 300 a 800 euros. Hoy en día, un alquiler de 800 euros en Eivissa no es caro y no sabemos en qué se basa Jurado para acusar al propietario del piso de usura. Si ella fuese la propietaria de este inmueble, ¿renunciaría mensualmente a ingresar 500 euros más al mes? Seguramente no. El problema de esta mujer de 94 años lo tiene que resolver la administración, no el propietario del piso, por muy triste que sea la situación. Hay que buscar soluciones rápidas y efectivas para garantizar el bienestar de esta jubilada, que tiene todo el derecho a vivir en una vivienda digna, pero para esto está Jurado y el Consell. Para eso gobiernan.

　

Política de vivienda contradictoria. En los últimos meses se está produciendo un curioso debate sobre los pisos turísticos. Siendo del mismo partido, unos dicen una cosa y otros, la contraria. Pero en este impass no hay noticias de que se impulsen viviendas para alquileres razonables, para trabajadores, ni que se busquen acuerdos con propietarios. Tampoco hay demasiados estímulos fiscales para que el dueño de un piso prefiera alquilar todo el año que hacerlo para una temporada. Ese es el gran problema, que la administración está cruzada de brazos, con mensajes contradictorios, y no se vislumbra ninguna solución. No se puede dar la culpa a los propietarios de pisos cuando la responsabilidad, como dice la Constitución, es de la administración.