La política de vivienda en Eivissa

Errar el tiro. A propósito de la problemática de una mujer de 94 años que será desahuciada porque no puede pagar el nuevo alquiler, la consellera social del Consell, Lydia Jurado, ha llegado a acusar a los propietarios de la casa de usura al subir el precio del alquiler de 300 a 800 euros. Hoy en día, un alquiler de 800 euros en Eivissa no es caro y no sabemos en qué se basa Jurado para acusar al propietario del piso de usura. Si ella fuese la propietaria de este inmueble, ¿renunciaría mensualmente a ingresar 500 euros más al mes? Seguramente no. El problema de esta mujer de 94 años lo tiene que resolver la administración, no el propietario del piso, por muy triste que sea la situación. Hay que buscar soluciones rápidas y efectivas para garantizar el bienestar de esta jubilada, que tiene todo el derecho a vivir en una vivienda digna, pero para esto está Jurado y el Consell. Para eso gobiernan.

Política de vivienda contradictoria. En los últimos meses se está produciendo un curioso debate sobre los pisos turísticos. Siendo del mismo partido, unos dicen una cosa y otros, la contraria. Pero en este impass no hay noticias de que se impulsen viviendas para alquileres razonables, para trabajadores, ni que se busquen acuerdos con propietarios. Tampoco hay demasiados estímulos fiscales para que el dueño de un piso prefiera alquilar todo el año que hacerlo para una temporada. Ese es el gran problema, que la administración está cruzada de brazos, con mensajes contradictorios, y no se vislumbra ninguna solución. No se puede dar la culpa a los propietarios de pisos cuando la responsabilidad, como dice la Constitución, es de la administración.