EditorialEivissa29/01/16 0:00
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La detención del expresidente del PP valenciano Alfonso Rus como cabecilla de una, todavía supuesta, trama de corrupción política en la Comunidad Valenciana tiene una enorme trascendencia política. En un momento de incertidumbre sobre la formación del nuevo Gobierno, este escándalo lastra gravemente las aspiraciones de Mariano Rajoy para lograr su investidura con un caso que lleva camino de confirmar la existencia de una red de financiación ilegal o paralela del PP, incluso en el ámbito estatal. En estas condiciones cualquier alianza política con los conservadores se considera tóxica.

Máximo nivel. Además de Rus son veintitrés el número de personas detenidas en la primera fase de la operación, todas ellas vinculadas en el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas en diferentes instituciones valencianas. El nivel de las responsabilidades de los implicados evidencia el carácter sistémico de las ‘mordidas', que rebasan el ámbito de conductas delictivas personales. El comportamiento obedecía a una organización previa, diseñada para obtener recursos con los que financiar las actividades del PP, y no sólo en la comunidad valenciana; según los indicios. A la espera de la evolución de las investigaciones, todo indica que la alcaldesa de València, entre otros altos dirigentes, podrían figurar como implicados.

Hasta Madrid. Las consecuencias políticas de este nuevo episodio de corrupción destapado en Valencia se extienden hasta Madrid, condicionando de manera casi determinante las opciones del PP para poder formar el Gobierno. Pero queda pendiente la vertiente judicial, un camino que avanza con lentitud pero ante la que la actual cúpula del partido parece ser incapaz de dar una respuestas adecuada. Apelar, ahora, al rigor jurídico para exculpar a los militantes vinculados a esta organización delictiva es una muestra de la postración en la que se encuentra la cúpula del PP, abrumado por la profundidad y alcance de las sospechas.