El problema político, y no legal, de Catalunya

Responsabilidad única. Artur Mas llegó a la sede del TSJC arropado por miles de ciudadanos y numerosos dirigentes políticos soberanistas –entre ellos todos los alcaldes–, una exhibición de fuerza tan inadecuada como simbólica, para responsabilizarse ante el juez del apoyo institucional de la Generalitat a la consulta del 9-N, una decisión que enmarcó siempre en el ámbito de las decisiones políticas. Y es que, efectivamente, es probable que Mas incumpliese la decisión del Constitucional, pero hizo realidad el deseo de miles, de millones, de catalanes que querían expresar en las urnas cuál debe ser la relación en el futuro con el resto de España.

Forzar soluciones. La estrategia del Gobierno para neutralizar el movimiento secesionista en Catalunya no deja de acumular fracasos, como quedó patente en las pasadas elecciones del 27 de septiembre. Los responsables institucionales, en Madrid y Barcelona, tienen que afanarse en la búsqueda de una solución política al problema real que existe en las relaciones entre Catalunya y España y que, es evidente, no lo resolverán nunca los tribunales. En todo caso, lo agravarán. Es urgente acabar con esta dinámica.