Uno de los mensajes claros que están lanzando los ciudadanos en las últimas confrontaciones electorales es el de un cambio, radical, de los comportamientos de los políticos; en especial de aquellos que cobran un sueldo público en las instituciones. Transparencia y austeridad son dos términos que se pretende inscrustar en el código ético de nuestros representantes, una dinámica que no todos –con independencia de su ámbito ideológico– parecen haber entendido y se muestran remisos a poner en práctica. Sólo en el Parlament balear nueve diputados compatibilizan sus labores particulares con una retribución fija, cuando deberían hacerlo bajo la fórmula de dietas. Conocemos a los del Parlament, pero cuántos hay en el resto de organismos.
Nueva ética. La presidenta del Parlament, Xelo Huertas, quiere imponer un cambio de reglas. Quizá sea imprescindible, pero sólo será la constatación de que todavía quedan políticos que se niegan a admitir que soplan aires nuevos en el ejercicio de la responsabilidad institucional, con independencia del nivel que esta sea. Exigir una dedicación plena, en exclusiva, como condición previa para percibir un salario público dificulta el acceso a personas con una trayectoria profesional o empresarial de éxito; el propio Govern ha reconocido que ha tenido dificultades para completar su organigrama en un clima de claro desprestigio de la actividad política y con unos límites de remuneración alejados, en determinados casos, de los que se maneja en la iniciativa privada. Son las consecuencias de los nuevos códigos que impone la sociedad.
Cambios necesarios. Los ciudadanos exigen compromisos diferentes, recuperar dosis de altruismo cuando se trata de defender una labor para el conjunto de la sociedad. Por eso, conviene, cuanto antes, asimilar que hay que modificar comportamientos que ya no se comprenden ni comparten con la inmensa mayoría de la sociedad.
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