EditorialEivissa01/06/15 0:00
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Las cifras estadísticas dadas a conocer por la Gerència d’Atenció Primària del IB-Salut es una prueba de que los ciudadanos también son corresponsables de las deficiencias en un servicio público esencial como es el de la sanidad, que debe soportar en su organización la incomparecencia en las consultas de hasta el 5,1% de las visitas programadas -381.300 en cifras absolutas-. Este índice se incrementa todavía más en el caso de las consultas a los médicos especialistas, un 7,56%. Los datos confirman las necesidad de establecer protocolos que eviten este consumo irresponsable de recursos sanitarios, los cuales pasan inevitablemente por la toma de conciencia de los usuarios de la sanidad pública de los perjuicios que provoca este comportamiento.

Uso y abuso del sistema. Muchas son las quejas que se generan, y con razón, del colapso en el que se encuentran muchos servicios sanitarios. El mal crónico de las listas de espera es un tema recurrente, como la imposibilidad de atender las cíclicas puntas de demanda que provocan los brotes epidémicos de cada año. En contrapartida hay que destacar el enorme esfuerzo personal que realizan los profesionales de la sanidad pública para paliar los problemas que afectan a los pacientes, incrementados en los últimos años por los recortes derivados de los planes de ajuste. Es quizá por ello que -y más cuando se facilitan los procedimientos para anular las citas- es preciso trasladar a los cientos de miles de pacientes insolidarios las consecuencias perjudiciales de su comportamiento, el IB-Salut debe iniciar una campaña seria y eficaz para atajar el problema que, al fin y a la postre, financian el conjunto de los ciudadanos.

Fraude sanitario. Del mismo modo que, con los años, el fraude fiscal está logrando calar como un comportamiento reprochable con el conjunto de la sociedad, es necesario que el usuario que de manera negligente activa unos recursos sanitarios que luego no utiliza también debe ser una conducta perseguida, una muestra de incivismo que merece algo más de convertirse en un mero índice estadístico.

El abuso de los servicios públicos, que eso es no acudir a un cita concertada con el médico, no puede quedar impune.