EditorialEivissa05/02/15 0:00
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La presentación de la Memoria de la Fiscalía de Balears en el Parlament correspondiente al ejercicio de 2013, que ayer realizó su jefe superior, Bartomeu Barceló, puso sobre la mesa algunas reflexiones sobre uno de los temas más candentes de la actualidad judicial en los últimos años: la corrupción política. Barceló defendió el papel de los fiscales en todos estos temas, una lacra de la que las Islas son por desgracia un referente estatal, al tiempo que incidía en la necesidad de priorizar la devolución de las cantidades defraudadas al erario público a la importancia de las penas de cárcel que se puedan imponer a los responsables.

Defender los pactos. La tesis del fiscal superior está en consonancia con la política de pactos que trata de alcanzar Anticorrupción en la mayoría de casos, una vía con la que se logra la incriminación de determinados políticos. Las condenas, muchas de ellas ya firmes, llevan aparejadas indemnizaciones millonarias; aunque no todas acaban haciéndose efectivas por la insolvencia de los condenados. Barceló, consciente de la sensibilidad social en estas cuestiones, debería ser el primero en plantear esta estrategia en el seno de la propia Fiscalía. No en balde algunos juristas, en casos vinculados a Balears, han indicado que muchos de los que se encuentran en la vía penal podrían haberse resuelto con una reclamación administrativa.

Un control efectivo. Ante los parlamentarios autonómicos, Bartomeu Barceló reclamó un incremento de los propios controles institucionales para detectar los comportamientos corruptos de sus responsables. La cuestión no es tanto establecer nuevos mecanismos como exigir que los existentes funcionen. Los funcionarios, de todos los niveles, deben ser los primeros en velar por el cumplimiento de las leyes, como también evitar que informes como los que elabora la Sindicatura de Comptes –órgano de fiscalización financiera de la Administración– queden en una simple constatación de anomalías sin ningún tipo de consecuencias.