En una nota, ha señalado que al operativo en el Guadalete, desarrollado en la madrugada del pasado 22 de febrero, se une al realizado días antes, el 14 de febrero en Sanlúcar de Barrameda, donde se practicaron tres detenciones y se incautaron 6.125 litros de gasolina y 7.500 euros.
Respecto a la desarrollada en el río Guadalete, se ha indicado que tras meses de investigaciones y vigilancias, los agentes detectaron que en la madrugada del 22 de febrero, los investigados desplegaban los preparativos para llevar a cabo una «importante operación de repostaje», empleando para ello un camión cargado con 200 garrafas de gasolina y hasta seis embarcaciones semirrígidas.
Las vigilancias y el dispositivo policial desplegado finalizaron con la detención de los cinco presuntos pilotos de embarcaciones y los dos conductores que transportaban la gasolina incautada.
Así, se ha informado de que el camión, tras detectar la presencia policial, sufrió un accidente y quedó semivolcado en una zanja en la cuneta cuando iba cargado con 5.000 litros de gasolina. Ante esto, fue necesaria la presencia de bomberos y de agentes de la Brigada de Policía Científica de El Puerto de Santa María para poder asegurar la carga del camión, así como para tomar las muestras de combustible y elaborar los informes periciales para acusar a los responsables.
A los detenidos se les imputan delitos de tenencia, transporte y depósito de sustancias inflamables o explosivos y pertenencia a grupo criminal.
La operación Petaqueros 2/Endrinal, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María, ha sido trabajada de manera conjunta por los Grupos de El Puerto de Santa María y Cádiz.
Tras la operación Navegante, llevada a cabo en el mes de noviembre y en la que se desarticuló una importante organización de petaqueros que operaba en el Caño de Sancti Petri en Chiclana, con 18 detenidos, ha sido el entorno del río Guadalete en el que se ha registrado mayor actividad de petaqueo, convirtiéndose según la Policía en «el principal foco del litoral».
La Policía Nacional ha subrayado la importancia de estas organizaciones, que prestan el apoyo logístico necesario para que las narcolanchas puedan operar en el litoral gaditano. En ese sentido, se ha recordado que suministran no solo combustible, sino «cualquier tipo de efectos náuticos necesarios para la navegación, así como víberes». También son los encargados de facilitar los cambios de tripulación, puesto que las narcolanchas «operan en el mar durante semanas o meses sin pisar tierra en ningún momento».
Las organizaciones «exprimen» estas embarcaciones, que suelen tener una vida útil «relativamente corta», ya que después de algunos meses «quedan reventadas y son abandonadas». Los beneficios que reporta el tráfico de estupefacientes a gran escala hace que el coste de «cientos de miles de euros de cada una de estas embarcaciones quede rentabilizado en apenas semanas».
Así, se ha expuesto que durante esos meses de vida útil, los cambios de tripulación «son continuos» y que «lo habitual, salvo complicaciones», es que los pilotos y el resto de la tripulación «no suelan permanecer en la mar más de cuatro o cinco días».
Estas organizaciones son «uno de los principales puntos débiles de las narcoorganizaciones» y atacarlas supone «asestar un duro golpe a las mismas». No obstante, se ha advertido que «la escasa penalidad de este tráfico de combustible y la capacidad económica de lo narcos hace que se restablezcan con rapidez».
El tráfico ilegal de combustible supone además «un grave riesgo para la seguridad pública», ya que las condiciones en las que se transportan las garrafas de gasolina, «infringiendo las más elementales medidas de seguridad, ponen en grave peligro la seguridad del tráfico rodado y viandantes».
La Policía ha alertado de que la mayor parte de los detenidos son naturales de la comarca del Campo de Gibraltar, un hecho que pone de manifiesto lo que los agentes llaman «efecto globo» y que tiene que ver con que la presión ejercida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Campo de Gibraltar ha provocado que las organizaciones criminales desplacen sus operaciones a la Bahía de Cádiz.
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