PP y Vox enfocan en la corrupción la próxima sesión de control y preguntan si de verdad Sánchez no habló con Aldama

En concreto será la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo quien intentará dirigirse al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para preguntarle si "se ratifican en que el presidente del Gobierno nunca ha cruzado palabra con Víctor de Aldama".

Una pregunta que llega después de que este jueves, Aldama haya asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional que la foto que se hizo con el presidente y que ha trascendido en medios se la hicieron a petición de Pedro Sánchez a modo de agradecimiento por unas gestiones que había realizado en México. Además, ha relatado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió 15.000 euros en un sobre, que dio 250.000 al exministro José Luis Ábalos y 100.000 a su asesor, Koldo García, entre otras declaraciones.

¿POR QUÉ OCULTAN LAS REUNIONES?

También los diputados del PP, Eduardo Carazo y José Alberto Herrero, buscan dirigirse al ministro Bolaños, aunque en su caso para preguntarle, respectivamente, "cuales fueron los motivos reales del cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes" y si "puede garantizar la honestidad de todos los miembros de su Gobierno en el entorno del Presidente".

Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, intentará preguntarle al también ministro de Justicia "por qué han querido ocultar determinadas reuniones mantenidas por los miembros del Gobierno".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, empleará su cara a cara con Sánchez para conocer si "va a responder a las preguntas que le hacen la mayoría de los españoles", mientras que la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, intentará aprovechar la sesión de control para interpelar a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para saber "qué piensa de la corrupción de su Gobierno".

¿VA A HABER MÁS ESCÁNDALOS?

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también tienen preguntas registradas sobre este asunto. Al primero se quiere dirigir la diputada del PP, Sofía Acedo, para preguntarle "qué gestiones realizó su ministerio en relación con el viaje de Delcy Rodríguez a España", mientras que a Torres, el 'popular' Pedro Muñoz le quiere cuestionar directamente "cuál es su relación con Víctor de Aldama".

De hecho, con Torres, el PP ha querido ir un paso más allá y han presentado también, según el registro de preguntas al que ha tenido acceso Europa Press, una interpelación sobre su presunta relación con la trama de compraventa de mascarillas durante la pandemia que investiga la Audiencia Nacional

Por su parte, desde Vox, es su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien quiere poner el foco en este asunto interpelando a Bolaños para conocer "cuál será el siguiente escándalo del Gobierno". Aunque el líder de Vox, Santiago Abascal, tiene también una pregunta registrada para Sánchez sobre la utilidad de las sesiones de control que es probable que ponga también el foco en este en este asunto.

MOCIÓN PARA DEJAR TRABAJAR A LOS JUECES

Además de las preguntas, el PP llevará a votación la próxima semana una moción para que el Congreso exija "las explicaciones pertinentes" al Gobierno ante las acusaciones del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional y ante "las relaciones de este empresario con el Gobierno recogidas en los informes policiales incluidos en el sumario que está llevando a cabo dicho tribunal".

Es uno de los puntos recogidos en la iniciativa derivada de la interpelación del pasado miércoles al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, un texto en el que también reclaman al Gobierno "cesar de inmediato en sus ataques, acoso, ofensas y señalamientos a jueces y magistrados", y defender a la judicatura de los ataques de los socios del Ejecutivo.

El PP exige además "respetar la independencia del Poder Judicial, absteniéndose de dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico", así como "dejar de interferir en el normal funcionamiento de la Justicia española con el objetivo de beneficiar personalmente a las personas del entorno del presidente del Gobierno".

Por último, instan al Gobierno a "desistir de su intención de modificar el acceso a la Carrera Judicial para introducir criterios arbitrarios y subjetivos en la selección del sus miembros, sustituyendo los criterios de igualdad, mérito y capacidad".