Begoña Gómez se querella contra el juez Peinado por prevaricación y revelación de secretos

Esta querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se suma a la que presentó hace tres días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación.

El letrado, Antonio Camacho, explica en el escrito de 53 páginas, que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas en el momento en el que las pesquisas eran aun unas diligencias previas. Sostiene que habría trasladado a las acusaciones populares --Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias-- esas actuaciones procesales y esto propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.

«A pesar de la declaración como secreta de la causa, lo cierto es que la causa incoada fue de conocimiento general para toda la ciudadanía desde el 24 de abril, con la consecuencia, para nuestra representada, de verse como parte de un procedimiento penal, pero sin gozar de todas las garantías para su defensa desde su incoación, y enterándose de los avatares de su proceso por los medios de comunicación», lamenta.

A su juicio, la actuación del juez ha perjudicado gravemente a Begoña Gómez, puesto que se han divulgado informaciones y actuaciones declaradas secretas, mientras ella desconocía todos los extremos de la investigación, causándole indefensión. «Pese a ser la causa secreta era transmitida en directo por los medios de comunicación», ironiza.

Añade también como ejemplo de esta revelación que el propio servicio de prensa del TSJM informó a los medios de esta «causa secreta» y daba a conocer «quién interpuso la denuncia que dio lugar a las actuaciones, los delitos que eran objeto de investigación y contra quién se dirigían».

«Los indicios apuntan a que esta información también partía del Magistrado instructor Juan Carlos Peinado, pues necesariamente éste tuvo que dar la autorización para su publicación y el traslado de la información (...) al gabinete de comunicación», advierte.

DECISIONES ARBITRARIAS: PREVARICACIÓN

Camacho explica que a lo largo del proceso el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales «arbitrarias y manifiestamente injustas» mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal. Esta conducta, a juicio de Camacho, podría suponer la comisión de un delito continuado de prevaricación por parte del magistrado Peinado", indica.

Por otro lado, apunta que, con las resoluciones dictadas, principalmente providencias, Peinado «ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones».

Entiende que este actuar de Peinado «pudiera revelar una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra doña Begoña Gómez, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico».

«Si bien en este momento no podemos determinar si estas decisiones tienen la finalidad premeditada de buscar un impacto político y social, o si tan sólo obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático, lo cierto es que existen indicios evidentes de que son adoptadas de forma arbitraria e injusta», resalta.

"CREÓ UN SECRETO A LA CARTA"

El letrado suma a esto que Peinado ha ido tomando a lo largo del procedimiento decisiones «injustas y arbitrarias» para ampliar el objeto de procedimiento y con las que, a su juicio, «parece rebatir, conscientemente y sabiendas, no uno, sino dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que, tras la petición de los mismos por el magistrado, han descartado la existencia de indicios de delitos en los hechos investigados».

«En definitiva, se está desarrollando una instrucción perversa y prospectiva, totalmente prohibida, en la que se dictan resoluciones injustas a sabiendas, no amparadas por normas, o en contra de las normas», añade.

Y va más allá al sostener que a través de una serie de resoluciones, el juez «creó un secreto a la carta, sin amparo legal y en contra de los Derechos Fundamentales de la querellante que crecía o menguaba en función de decisiones arbitrarias e ilegales no justificadas».

Añade a esto que el juez también ha tomado decisiones partiendo de peticiones de las acusaciones populares, y que esto ha provocado que vaya «mutando el objeto del procedimiento en base a dichos escritos». Y advierte de que se han tenido en cuenta escritos de éstas incluso antes de que constaran como personadas en la causa.

"ROCAMBOLESCO Y ESPERPÉNTICO"

Otro ejemplo de lo que entiende que fue una decisión arbitraria y «rocambolesca y esperpéntica» es que pidiera a la Policía el 23 de mayo una copia autenticada del DNI de Begoña Gómez --«no se atisba a comprender de un modo racional el sentido de la diligencia»--.

Explica que no aporta nada a la investigación «pero a nadie escapa que la decisión se adoptaba (...) un día antes de que se levantara el secreto y que, por tanto, ya era conocida por toda la ciudadanía al día siguiente, coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones europeas».

Ataca también decisiones como el cambio de testigo a investigado del empresario Juan Carlos Barrabés y apunta que la citación de Félix Jordán de Urríes Mur «no es que pueda ser calificada como impertinente e inútil, sino que incluso se puede calificar como absurda».

Camacho señala que «el carácter aparentemente prevaricador» de una parte de las actuaciones del juez Peinado culmina con la toma de declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

Al hilo, critica que le citara y apunta que esa decisión se alejó «de toda la comprensión de la que hizo gala» el magistrado en relación a José Luis Martínez Almeida --alcalde de Madrid-- cuando rehusó citarle en otra causa.

Por último, el abogado de Begoña Gómez interesa que se tome declaración como investigado a Peinado, que el gabinete de prensa del TSJM informe sobre cómo tuvo conocimiento de la información que difundió, y que se pida al Juzgado de Instrucción número 41 copia íntegra de la causa.