«Se necesita una atención integral, interdisciplinar, de calidad, que incluya la psicoterapia y una frecuencia de citas que, en estos momentos se hace imposible», ha declarado Belén González, recordando los dos ejes sobre los que se articula el Comisionado: «el de los recursos asistenciales y el de las políticas públicas. La división entre lo social y lo asistencial, entre lo político y lo médico, es un falso dilema».
La comisionada también ha explicado que se ha iniciado un proyecto para reconocer y registrar todo el sufrimiento psíquico derivado del trabajo. Un proyecto en el que va a participar un grupo multidisciplinar de expertos que incluye desde filósofos a inspectoras de trabajo, pasando por sociólogas, psiquiatras, médicas de familia y enfermeras. «El trabajo cada vez es más difícil, más intenso, más rápido y más precario. Y cada vez hace más daño. Es una responsabilidad como Gobierno que tomemos cartas en un asunto que ya es un problema de salud pública», ha señalado.
En España, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, no se reconoce ningún trastorno mental directamente ligado al trabajo o a las condiciones laborales. La intención del Ministerio de Sanidad es, en primer lugar, establecer un marco común para la detección y reconocimiento del sufrimiento psíquico derivado del trabajo como primer paso para su registro, seguimiento y en última instancia, para poder señalar las condiciones laborales que nos están haciendo enfermar.
En los últimos años se ha ido produciendo una tendencia hacia la medicalización de los problemas sociales, una situación que genera dos consecuencias, según la comisionada, la primera, el incremento de demanda en el sistema sanitario, lo que explica parcialmente el aumento desmesurado en las listas de espera; la segunda, los problemas que se derivan de intentar resolver con herramientas sanitarias lo que son problemas sociales.
«Sabemos, por ejemplo, que, en España, el diagnóstico de esquizofrenia es 12 veces más frecuente en rentas bajas que en rentas altas, o que el uso de antidepresivos es aproximadamente cuatro veces mayor según la clase social. Pero eso no significa que lo social se pueda resolver desde las consultas de psicología y psiquiatría. Con frecuencia identificamos que lo que realmente necesita un paciente no es un psicólogo, sino un abogado laboralista, y, con frecuencia, frente a la impotencia de no hacer nada y la falta de tiempo para generar un relato más ajustado a los problemas sociales, se opta por la prescripción de psicofármacos», ha remarcado.
España es el segundo país europeo que más ansiolíticos consume por detrás de Portugal, y el cuarto en consumo de antidepresivos. Las prescripciones no han dejado de aumentar desde que hay registros. Este aumento es especialmente preocupante en la población joven. Entre los 20-24 años, el consumo de antidepresivos ha aumentado un 52 por ciento desde 2017, un 40,4 por ciento entre los jóvenes de 25-29 años.
«Por ello, desde este Comisionado vamos a impulsar un plan integral para la deprescripción de psicofármacos y para la mejora del uso de psicofármacos dirigida tanto a los equipos de Atención Primaria, de la red de salud mental especializada y con información que empodere a la población general. Vamos a crear materiales formativos a disposición de los clínicos, como guías clínicas y cursos, y vamos a promover la prescripción social como alternativa», ha advertido.
Así, la comisionada ha apuntado que se trata de poder prescribir, por ejemplo, «grupos de deporte en lugar de rubifén, asociaciones feministas en lugar de sertralina, o un sindicato en lugar de Lorazepam». Además, se va a crear una mesa estable con la Dirección General de Servicios Sociales, a la que se irán incorporando más miembros para estudiar la manera de llevar a cabo esta iniciativa.
Por otro lado, desde el Comisionado de Salud Mental se va a poner en marcha un plan específico que arroje luz sobre las condiciones y desencadenantes del suicidio y que tome medidas de eficacia comprobada. Además, ha dicho la comisionada, «continuarán con proyectos que ya se venían desarrollando, como el teléfono de asistencia 024, al que se van a añadir mejoras como la recomendación de activos de salud para los usuarios que puedan beneficiarse de ello». «A lo largo de 2025 contaremos además con un plan de acción frente al suicidio que tendrá financiación independiente», ha añadido.
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