Un celador juzgado por violar a una paciente de psiquiatría declara que las relaciones fueron consentidas

La fiscal solicita diez años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual mientras que el abogado Juan Manuel Medina, que ejerce la acusación particular, eleva la petición a 26 años de cárcel por dos delitos de agresión sexual y un delito de promoción y facilitación de consumo de drogas tóxicas que crean grave daño a la salud.

El abogado de la familia reclama que el acusado pague una indemnización de 60.000 euros --al inicio pedía 20.000 euros--, de la que deberá responder la Comunidad de Madrid como responsable civil subsidiario al pertenecer el hospital a la red de hospitales públicos madrileños.

Las agresiones se habrían cometido el 29 de abril de 2021 y el 1 de mayo de ese año. En aquella época, la chica tenía 18 años y estaba ingresada en la unidad de agudos de la planta de psiquiatría por un intento de suicidio.

En su declaración, el acusado ha relatado que conoció a la chica en el turno de noche y que solían hablar de música, un extremo que niega la víctima. Según su relato, la joven le pidió tabaco y droga, ya que entonces el procesado consumía cocaína.

El procesado afirma que el día 29 de abril solo tuvieron tocamientos consentidos, mientras que el 1 de mayo sí hubo una relación completa. "En una de las rondas, le dije que se acostase. Ella se puso melosa y al final caí. La veía como una persona normal, extrovertida que hablaba mucho", ha narrado.

Lejos del relato del agresor, la víctima sostiene que lo sucedido siempre de madrugada no fue consentido recordando que entonces estaba muy inestable emocionalmente porque estaba ingresada por un intento autolítico. "Me encerró en una sala y me acorraló con violencia. Me puso de rodillas y me obligo a hacerle una felación. Sentí un bloqueo", ha narrado a través de una videoconferencia.

En otro de los episodios violentos, el procesado la agredió sexualmente en su habitación. "Yo cerré la puerta pero él entro con toda su cara y me levantó de la cama con fuerza. Y volvió a pasar lo de la otra vez", ha indicado. En esta ocasión, la violó a pesar de que ella manifestó que no estaba conforme con la relación.

Los días siguientes, no quería ver a nadie, se le cerró el apetito, se encerraba en su habitación e intentó incluso quitarse la vida en el propio hospital. Le contó a un enfermero lo que le había pasado, corroborado por éste ante la sala.

La defensa ha tratado de desvirtuar su credibilidad con motivo del trastorno limite de personalidad que sufre y que la lleva a protagonizar incidentes agresivos en sus ingresos.

El padre de la perjudicada ha declarado que su hija no estaba en condiciones de mantener relaciones con nadie y que le contó que el acusado se metía en su habitación por las noches para agredirla sexualmente.

Tras conocer lo ocurrido, el progenitor denunció los hechos. Según ha dicho, hubo otro caso de presuntos abusos sexuales hacia su hija "no tan graves" por parte de otra persona en el Hospital de Guadarrama.

HECHOS JUZGADOS

Según el fiscal, el celador trabajaba en el turno de noche en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid en la planta de Psiquiatría. Una joven de 18 años se encontraba ingresada en dicha planta por orden judicial desde el 28 de marzo de 2021 por intento autolítico, trastorno límite de la personalidad y trastorno de la conducta alimentaria.

Respecto a esta chica, sobre la una de la mañana del 29 de abril de 2021, el acusado aprovechó que en ese momento no se encontraba en la zona del TEC el resto del personal y le ofreció cocaína.

"Después, acercándose a ella comenzó a tocarla, levantándole la camiseta, dejando al descubierto sus pechos, tocándoselos al tiempo que le decía nunca antes me había pasado esto con nadie, me vuelves loco", relata el escrito. Tras ello, continuó la agresión sexual.

De igual modo, el procesado la agredió otra vez el 1 de mayo de ese año. Así, entró en su habitación y le empezó a tocar por debajo de la ropa, agrediéndola sexualmente a continuación.

El fiscal subraya que la víctima llegó a "autolesionarse inmediatamente después de suceder los hechos, lo que supuso además y a consecuencia de lo anterior agravación significativa de su patología clínica de base".

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito continuado de abuso sexual, por lo que procede imponer al procesado una pena de diez años de cárcel, así como prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros de su domicilio y de cualquier lugar en que la misma se encuentre.

El procesado indemnizará a la perjudicada en la cantidad de 20.000 euros en concepto de daños psicológicos y morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. De dicha cantidad deberá responder en concepto de responsable civil directo la compañía aseguradora, siendo responsable civil subsidiaria la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.