Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que esta decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 es meramente instrumental y que con la misma se da cumplimiento a las euroórdenes emitidas a Francia para que los investigados puedan ser escuchados en sede judicial.
En el auto, fechado el pasado 29 de septiembre, el instructor hace un repaso del atentado, en el que además del magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero; y un conductor de la EMT -empresa municipal de autobuses- llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.
El magistrado recuerda que, en el momento de los hechos, la dirección del aparato militar de ETA estaba presuntamente formada por 'Txapote', Múgica y Olarra. Rubenach, por su parte, habría estado integrado en el comando Buruhauste, el que presuntamente habría ejecutado el atentado.
Cabe recordar que el magistrado ha recibido recientemente un informe de inteligencia de la Comisaría General de Información (CGI) que revela que el comando Buruhauste de ETA, responsable del asesinato con coche bomba en octubre de 2000 del magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol cumplía órdenes directas del Comité Ejecutivo.
En este informe de más de 300 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes hacen un repaso de la carrera delictiva de todos los jefes de la banda terrorista en el momento del atentado, explican que la banda tenía una estructura jerarquizada y en sus conclusiones aseveran que ese comando «siguió las instrucciones de sus responsables militares» y además se encargó de desplegar «la estrategia militar planificada por ETA en la capital de España durante el tiempo que permaneció activo (octubre de 1999-noviembre de 2001)».
De hecho, apuntan que esa estrategia fue diseñada «de forma colegiada y unánime por todos miembros de ETA que conformaban en aquella época su Comité Ejecutivo» -Zuba- y que entre sus funciones se incluía «no solo la determinación de la línea estratégica política y militar, sino también el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos».
Por otro lado, el magistrado recibió el pasado noviembre un informe en el que la Guardia Civil identificaba a nueve exjefes de la banda como miembros de la cúpula terrorista que dio las «órdenes oportunas» para matar al juez Francisco Querol, que entonces contaba con 69 años.
A lo largo de 307 páginas, el Instituto Armado sitúa a estos nueve exdirigentes de ETA como miembros de su «máximo órgano de dirección» en esa época que «habrían participado en el diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización de la acción terrorista. La Guardia Civil enmarca el asesinato de Querol en la nueva estrategia acordada en 1997 »de forma colegiada" por la dirección etarra de iniciar una serie de atentados contra jueces, magistrados y fiscales, tras la caída en 1992 de la cúpula de ETA en Bidart (Francia).
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