Pese a que el 10 de octubre Puigdemont anunció la declaración de independencia pero la suspendió a los pocos segundos para dar margen al diálogo, las semanas siguientes no sirvieron para desbloquear la situación: comenzaron los trámites para aplicar el 155 y el independentismo se abocó a decidir si convocar elecciones o romper con el Estado. Tras días de reuniones, intentos de mediación y de presiones desde diferentes sectores, junto a las advertencias del riesgo de que declarar la independencia provocara una fuga de empresas catalanas hacia otros territorios, el 26 de octubre Puigdemont estaba decidido a convocar elecciones pero los hechos que se desencadenaron ese día acabaron provocando un giro en su decisión.
Son muchas las interpretaciones que se han hecho desde entonces de por qué finalmente optó por declarar la independencia: Puigdemont argumentó que el Gobierno no daba garantías de que no aplicaría el 155 si convocaban elecciones, mientras que otras versiones lo atribuyen a la presión de ERC --advirtió de que saldría del Govern si no había DUI-- y al conocido tuit del portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, que dijo «155 monedas de plata», en una acusación velada al presidente de ser un traidor al independentismo.
Así, el viernes 27 de octubre por la mañana JxSí y la CUP llevaron al pleno del Parlament una propuesta de resolución que instaba al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para fundar la república catalana y que en el preámbulo recogía la declaración de independencia que los diputados de estos grupos habían firmado el 10 de octubre en una sala de la Cámara. La propuesta de resolución, que se votó en urna y en secreto, se aprobó con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco entre los grupos que participaron en la votación (JxSí, CUP y SíQueEsPot), ya que el resto de formaciones (Cs, PSC y PP) abandonaron el hemiciclo en señal de propuesta. La entonces presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, se encargó de leer la declaración de independencia pero ni Puigdemont ni el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ni ningún otro dirigente intervino en ese pleno, algo que ha sido criticado posteriormente y que se ha interpretado como un gesto que ya indicaba que no tenían voluntad de aplicar esa DUI.
De hecho, la resolución no se publicó oficialmente ni en el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc) ni en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) y el Govern no impulsó ninguna medida para aplicar la independencia. Poco después de que el Parlament proclamara la DUI, el Senado aprobó la aplicación del 155 y Rajoy anunció la destitución de todo el Govern y la convocatoria de elecciones en Cataluña el 21 de diciembre de ese año. Tras el fin de semana sin prácticamente actividad pública del Govern, el lunes, Puigdemont anunció que estaba en Bruselas junto a otros consellers, y el jueves Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Carles Mundó, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Santi Vila comparecieron ante la Audiencia Nacional y fueron encarcelados, mientras que el Gobierno inició la intervención de la autonomía catalana.
Cinco años después de esos hechos, el independentismo llega más dividido que nunca ante la incapacidad de tejer una estrategia conjunta y ante la falta de consenso sobre qué supuso el octubre de 2017 y la declaración de independencia, que actores como Junts y ANC reivindican y defienden que se debería aplicar, mientras que otros como ERC se han distanciado de la unilateralidad y han apostado por el diálogo con el Gobierno.
La máxima expresión de esta división ha llegado recientemente con la ruptura de la alianza entre ERC y Junts, que protagonizó la DUI ya que formaban la coalición del Govern y el grupo de JxSí en 2017, y que han seguido gobernando juntos hasta hace tres semanas. Además, todavía se arrastran las consecuencias judiciales del 1-O y la declaración de independencia: siguen habiendo dirigentes independentistas en el extranjero que se fueron para evitar comparecer ante el Supremo y hay decenas de exaltos cargos pendientes de juicio.
Precisamente por eso la Generalitat y el Gobierno están negociando en la mesa de diálogo la reforma del delito de sedición en el Código Penal, entre otras medidas que incluyen en la desjudicialización del conflicto y que debería dar sus frutos antes de final de año. Por ahora han trascendido pocos detalles de qué reformas legislativas se podrían impulsar para avanzar en esta dirección pero el objetivo de ERC es lograr «los efectos de una amnistía» y que los líderes en el extranjero puedan volver a Cataluña y los que están pendientes de juicio no entren en la cárcel.
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