En concreto, la suma de consultas por ideas suicidas, intentos de suicidio y autolesiones alcanzó las 7.770 peticiones de ayuda y se atendió a 4.542 menores, lo que supone una media de 12 menores atendidos al día y 21 consultas.
Según detalla el "Informe Anual Teléfono/Chat ANAR 2021", las peticiones de ayuda por conducta suicida se han multiplicado por 18,8 en la última década: se ha pasado de 195 consultas en 2009 a 3.665 en 2021, es decir, la tasa de crecimiento en los últimos trece años ha sido de 1.779,5 %. Tan sólo el año pasado creció un 90,9 %.
Las consultas relacionadas con autolesiones se han multiplicado por 56 desde 2009 (con una tasa de crecimiento en la última década de 5.514 %) al pasar de 57 casos atendidos ese año a 3.200 en el año 2021. Un incremento en el que, según ANAR, influye significativamente el efecto llamada que se produce a través de las tecnologías.
Unas cifras "espeluznantes", según ha dicho el director de programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, que ha advertido de que "los padres no se están enterando" de las lesiones que se causan sus hijos: "estamos ante un problema muy grave al que hay que poner solución".
Otras problemas de salud mental que han experimentado un aumento significativo en 2021 son los trastornos de alimentación (154,7 %), el duelo (138,9 %), las adicciones (41 %), los síntomas depresivos y tristeza (31,5 %), la baja autoestima (27,9 %) o la ansiedad (25,6 %).
ANAR destaca como factor llamativo en su informe que en el 52,2 % de los casos, los menores estaban viviendo en el seno de familias con graves problemas de salud mental.
¿Por qué aumentan los problemas de salud mental?
Entre las posibles causas del incremento de problemas psicológicos en los menores, Ballesteros ha apuntado a que "todavía estamos pagando" los efectos de la COVID, además de circunstancias como la "soledad acompañada" producida por las nuevas formas de comunicación y las tecnologías, la falta de referentes emocionales, la preocupación económica o la guerra en Ucrania actualmente.
"Todo esto genera problemas psicológicos, sociales y económicos que aumentan la frustración, la desmotivación, la incertidumbre, el malestar y, en ocasiones, desesperanza", ha aseverado.
Crecen el maltrato y los abusos sexuales a menores
La violencia es un año más el principal motivo de llamada y no sólo resulta preocupante el aumento de casos graves -de 6.259 atendidos en 2020 a 8.565 en 2021-, sino también la gravedad, urgencia, duración y frecuencia de los mismos. Todos estos parámetros han empeorado de forma significativa.
Los casos de maltrato físico y psicológico siguen siendo los predominantes: han aumentado un 23 % al pasar de 3.234 en 2020 a 3.977 el año pasado.
Un 80,9 % se han incrementado los casos de abusos sexuales que ha atendido la entidad en 2021, cuando atendió 1.297 frente a los 717 de un año antes. El 10 % de esos abusos son grupales, un fenómeno que ha dejado de ser aislado y empieza a ser "altamente preocupante", ha advertido Ballesteros.
La violencia de género en menores continúa en aumento desde hace 13 años y afecta a las niñas y adolescentes en sus primeras relaciones sentimentales, según el informe, que subraya que en 2021 se atendió a 3.440 chicas, lo que supone un aumento del 49,5 % respecto al año anterior.
A lo largo de la última década los casos de violencia de género atendidos por la fundación se han multiplicado por 10.
El acoso escolar, en cotas anteriores a la pandemia
Como consecuencia del cierre de los centros escolares en el primer año de pandemia, los menores dejaron de sufrir acoso escolar de forma presencial. Sin embargo, en 2021 se ha vuelto a los índices habituales de años anteriores, lo que representa un incremento de un 68,8 %.
ANAR también ha detectado un alto nivel de agresiones (un 30,6 % más) fuera del entorno familiar, sobre todo hacia los adolescentes, así como un incremento de casos de abandono (un 24,3 %) y de expulsión del hogar (153,7 %).
Pero no sólo ha aumentado la violencia hacia los menores, también los problemas económicos y sociales en su entorno han crecido un 24,9 % respecto a 2020, principalmente los relacionados con la vivienda, las ayudas sociales y la escasez de recursos, que dificultan la vida diaria de las familias y genera mayor tensión y repercusiones psicológicas.
A la luz de estos datos, Ballesteros ha considerado necesario y urgente que las administraciones y poderes públicos implementen y apliquen de forma efectiva lo antes posible la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI): "estamos convencidos de que los casos disminuirán cuando se aplique", ha confiado.
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