¿Decide el Gobierno el precio de la luz?

El Ejecutivo no fija el precio de la electricidad, que se negocia en un mercado y en el que influyen muchos factores, pero sí dispone de algún margen para influir en el recibo de la luz.

Aunque mensajes en redes sociales atribuyen al Gobierno de Pedro Sánchez subidas superiores al 25% en la tarifa, lo cierto es que esos porcentajes corresponden a precios establecidos en un mercado mayorista, en el marco de un sistema europeo al que España se empezó a incorporar en 1997, tras la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Ese mercado casa a diario la oferta y la demanda existente para fijar los precios aplicables en cada hora del día siguiente. Pero, ¿cómo funciona?

En este modelo, acordado por los distintos mercados de la UE, los compradores y vendedores que operan en España negocian a través de OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) y, para cada hora del día siguiente, se fija un precio con la oferta más cara aceptada, que será el que cobren todos.

Es decir, se parte de la oferta más barata y, si no es suficiente, la negociación continúa con otras más caras hasta completar lo demandado, de modo que la última será la que establezca el precio. Para casar ofertas y demandas, el mercado utiliza un algoritmo específico denominado Euphemia ("Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm").

Así, la demanda se empieza a cubrir con energías de menor a mayor coste: renovables como la eólica o la solar, nuclear, hidroeléctrica... y, si con ello no se atiende toda la demanda, se recurre a centrales que necesiten gas o carbón, los combustibles más caros. Si es suficiente con energías renovables el precio será más barato y, si no, más caro para todos.

Y las fluctuaciones de precios en este mercado ¿repercuten directamente en la factura de la luz del ciudadano?

Pues no en la de todos, solo en la de los acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que en 2019 eran 11 millones de clientes, el 37% del total, según datos de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC).

Red Eléctrica de España (REE) publica las variaciones de precios que afectan a estos clientes con PVPC, una tarifa a la que puede acogerse cualquier consumidor doméstico con una potencia contratada inferior a 10 KWh.

Aunque hay expertos del sector que aconsejan esta tarifa como más barata a largo plazo y cualquiera puede contratarla con facilidad (basta enviar un correo electrónico a una de las cinco empresas acreditadas como comercializadoras de último recurso), la mayoría de consumidores en España ha optado por contratos de mercado libre con su eléctrica.

De este modo, el 63% de los consumidores de electricidad en España (18,5 millones) tiene contratadas tarifas cerradas de mercado libre con empresas de energía. Esta opción supone que las variaciones de precios del mercado no les afecta ni para lo bueno ni para lo malo, porque les evita pagar más cuando están muy altos, pero les impide pagar menos cuando bajan.

Aparte de que las subidas de precios registradas estos días afectan directamente al 37% de los consumidores, hay que tener en cuenta también que solo suponen entre el 35 y el 40% del total de su factura, porque el resto de lo que pagan corresponde a costes de peajes y a impuestos, explican fuentes de OMIE.

Los costes de peajes se derivan fundamentalmente de lo que cobra la distribuidora por utilizar su red, a lo que se suman otros costes regulados y que representan en torno a un 40% del precio que el consumidor con tarifa regulada se encuentra en el recibo. En cuanto a los impuestos, el ciudadano paga el IVA del 21% y un impuesto sobre la electricidad del 5,1127%.

El precio de la luz en el mercado mayorista alcanzó el pasado viernes 94,99 euros por megavatio y hora (MWh), el segundo más alto de la historia (después del máximo de 103,76 euros registrado en 2002) y la asociación Facua advertía esta semana de que el promedio de precios del KWh correspondiente a los 13 primeros días del año era superior en un 38,4% al del mismo periodo del 2020.

Sobre esta base, la organización de consumidores calculaba que la factura mensual de un usuario medio de la tarifa PVPC era ahora 19 euros más cara que hace un año y el recibo ascendía a 87,33 euros, un 27,7% por encima de los 68,40 euros que pagaba en los 13 primeros días del año pasado.

Por lo que fuentes de OMIE describen como una "tormenta perfecta": Frente a una demanda extraordinariamente elevada (la más alta desde 2012) por la excepcional ola de frío, se ha disparado el precio del gas por una demanda puntual en Asia y la aportación de la energía solar ha sido muy débil.

Tampoco ha habido una buena producción de otra renovable, la eólica, por la falta de viento durante la ola de frío, ni de hidráulica, mientras que los precios de los derechos de emisión de CO2 se mantenían muy altos.

Y estas subidas excepcionales han seguido a un 2020 de confinamientos domiciliarios y fuertes restricciones a la actividad frente al coronavirus en el que el precio de la luz en el mercado cerró con un precio medio anual de 33,96 euros/MWh, el más barato desde 2004.

También la última encuesta entre hogares que realiza la CNMC reflejaba que el gasto para los usuarios con tarifa PVPC (excluidos los beneficiados por el bono social, que tienen un descuento) durante el segundo semestre de 2020 era inferior en un 10,4% al de la segunda mitad del año anterior, pese a haber aumentado el consumo un 9,2%.

De hecho, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado esta semana que los 11 millones de hogares abonados a la tarifa regulada del mercado mayorista se ahorraron 120 euros en sus facturas de 2020 y otros 120 en las del año anterior.

Ribera aludía a lo excepcional de esta coyuntura para afirmar que solo si se mantuviera el escenario de "máxima tensión meteorológica" los consumidores podrían tener que pagar unos 10 euros de más en la factura de enero, pero, si se confirman las previsiones de viento para los próximos días, esa cantidad "probablemente" quedará reducida a 4 euros.

El Ejecutivo no fija el precio de la electricidad, pero sí tiene algún margen para influir en él. Eso sí, ministros socialistas ya han descartado medidas drásticas como la nacionalización de alguna compañía eléctrica que reclaman sus socios de Unidas Podemos.

El grupo parlamentario de Pablo Iglesias esgrime el acuerdo de investidura suscrito con el PSOE, en el que se comprometían a realizar "los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como beneficios caídos del cielo) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías".

Esas tecnologías "que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización, y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión", según afirma el acuerdo de investidura suscrito por los dos socios del Gobierno, son la nuclear y la hidráulica.

Podemos considera que las nucleares e hidroeléctricas han recibido durante años compensaciones y no deben recibir los "beneficios caídos del cielo" en el mercado mayorista, donde se paga toda la energía al precio que cuesta producir la más cara.

Sin embargo, cambiar a corto plazo ese sistema de fijación de precios es una tarea imposible y la propia ministra Ribera ya ha advertido de que la posibilidad de introducir ahí alguna modificación es "complicada y delicada", porque el Gobierno no se puede apartar del marco común fijado en la UE.

Ribera argumenta que el sistema de producción y venta de la energía se pensó para una generación con costes altos, pero que pueden ser más bajos, como se ha visto con las renovables, y eso requiere una adaptación "con distorsiones puntuales que hay que corregir", pero lo que haga el Gobierno "tiene que ser sólido desde el punto de vista jurídico y de la confianza de los inversores, actores energéticos y del consumidores".

Fuentes del sector afirman que el actual sistema de fijación de precios no se puede suprimir sin modificar previamente directivas y reglamentos europeos y solo ven margen de actuación vía impuestos: Bajar el IVA, eliminar el impuesto sobre la electricidad o suprimir el impuesto a la generación eléctrica, que no aparece en la factura porque lo pagan las productoras.

Este tercer impuesto grava la producción con un 7% y las eléctricas repercuten su coste en los consumidores. De hecho, el Gobierno del PSOE suspendió su aplicación en 2018 durante seis meses precisamente para intentar frenar el impacto de las subidas del precio de la luz en los usuarios.

Lo que sí ha descartado el Gobierno es reducir el IVA de la electricidad. Y la forma en que lo anunció este martes la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha desencadenado una polémica política, avivada en redes sociales, ya que el PP la acusa de asegurar que España no puede bajar el impuesto porque la UE se lo impide cuando es falso y la ministra niega haber dicho eso.

En realidad, la ministra afirmó que "no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa", ya que "España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva del IVA reducido o del superreducido".

Efectivamente, la Comisión Europea no impide bajar el IVA de la electricidad y España podría hacerlo si quisiera. Actualmente, solo seis países de la UE aplican tipos reducidos al consumo eléctrico (Italia, Irlanda, Grecia, Croacia, Luxemburgo y Malta), mientras que el resto aplica el tipo ordinario, que en España es el 21% y en Alemania el 19%.

En comparación con el resto de la Unión, el IVA de España para la electricidad es superior en 1,7 puntos al promedio europeo y en 2,6 puntos al promedio de la eurozona. Con estos datos, los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha creen que rebajar el IVA no sería decisivo para reducir el precio de la luz.

En cuanto a las advertencias de la UE, la Comisión señalaba en su informe sobre España de febrero de 2020 que este país recauda "relativamente poco" por IVA, pese a presentar "una brecha de cumplimiento muy baja y una tasa de IVA estándar cercana a la media de la UE", y ello "se debe al uso extensivo de tipos reducidos y superreducidos, lo que resulta en una gran diferencia de tipos del IVA”.

Frente a otras opciones, el Gobierno apuesta en estos momentos por crear un mecanismo que actúe como "colchón" para mitigar el efecto de las subidas en los consumidores más vulnerables (podría ser un bono social) y por impulsar su anteproyecto de ley de Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el que pretende abaratar el recibo un 13% en cinco años al sacar de los costes fijos de la factura la financiación a las renovables.