El Gobierno anuncia que los indultos del 'Procés' comenzarán a tramitarse la próxima semana

«En cuanto a este Ministerio se refiere (...), también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene», ha dicho Campo en respuesta a las preguntas de la portavoz de Junts per Catalunya (JXCat) en el Congreso, Laura Borràs, sobre «la deriva» de la justicia española.

Desde el Ministerio de Justicia han apuntado que, «una vez superado el atasco provocado por la pandemia, a lo largo de la semana que viene se dará trámite a estas solicitudes de indulto, reclamando los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía».

Además, han explicado que la tramitación de las peticiones de indulto suele superar los seis meses. En el caso del 'Procés', la primera llegó en enero y se refería a todos los condenados, pero en los meses siguientes se han presentado más y en cada expediente individual se acumulan las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre esa persona.

LAS PETICIONES DE INDULTO

La última petición de indulto para los condenados del 'Procés' se presentó el pasado mes de agosto en favor de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell por parte de sus predecesores Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, quienes además adjuntaron una carta dirigida a Campo esgrimiendo que el espíritu de servicio de Forcadell ha sido «absolutamente ejemplar» en el transcurso de los años.

El Gobierno de Pedro Sánchez también tiene sobre la mesa otra demanda en el mismo sentido instada por UGT en beneficio de la ex consejera Dolors Bassa y otra del abogado catalán Francesc de Jufresa sobre el líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull,Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los 'Jordis' --Jordi Cuixart y Jordi Sànchez-- y Forcadell.

El trámite de solicitud de los indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las solicitudes deben ser sometidas a informe del tribunal sentenciador, en este caso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, debiendo ser oído previamente el Ministerio Fiscal.

La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

LOS FISCALES DEL 'PROCÉS'

Durante la réplica al ministro, Borràs se ha hecho eco de las recientes declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, en las que denunció presiones de fiscales «contaminados ideológicamente» para influir en su informe sobre las querellas y denuncias contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Mencionó a la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal y habló de «otro compañero», que según fuentes consultadas por Europa Press sería Fidel Cadena, ambos fiscales en el 'Procés'.

«En esa ocasión, esos dos juristas parece que actuaron absolutamente esclavos de su ideología pero cuando actuaron contra los líderes independentistas, insistiendo hasta la náusea de acusarles de rebelión, entonces se limitaron a aplicar criterios jurídicos y supieron contener sus ideas sobre un tema tan sensible como la unidad de España», ha cuestionado la diputada catalana.

Ha criticado igualmente que el fallo del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la condena a un año y medio de inhabilitación que recibió por negarse a retirar una pancarta por la libertad de los presos del 1-O se espere para los próximos días, mientras las resoluciones sobre 'Gürtel' «no han salido todavía, y llevan siete meses deliberando y es el mismo ponente». «¿Se altera el turno por ser catalán e independentista?», ha espetado.

En este contexto, ha instado al Gobierno a gestionar «el conflicto con Cataluña» desde la política. «Abandonen la judicialización», ha exigido. Campo le ha replicado que «España es un Estado Social y Democrático de Derecho, y eso significa que tenemos un Poder Judicial independiente, sometido únicamente al imperio de la ley». «Nuestros jueces no son menos independientes porque dicten resoluciones que a ustedes no le gusten», ha recalcado.

Además, si bien ha reconocido que «la justicia es mejorable --como todas las políticas públicas en este país--», Campo ha negado que esté «a la deriva» y ha instado a Borràs y a su grupo parlamentario a sumarse al «proyecto de país» que tiene el Gobierno.