Esta iniciativa llega después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales, que sólo contó con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.
El objetivo del nuevo decreto, según ha informado el Ministerio de Hacienda y ha adelantado la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, es recuperar el 85% de las medidas que ya se incluían en el derogado decreto, como por ejemplo, la suspensión de la regla de gasto para este año.
Asimismo, Montero ha manifestado que su intención es que la regla de gasto también pueda quedar suspendida para el año 2021, aunque esto no se abordará todavía en este decreto, como tampoco se incluirán medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, el principal escollo que encontró el anterior decreto.
En un comunicado, Hacienda reconoce a este respecto que se trata de un punto que ha evidenciado una «falta de consenso» por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso, por lo que prefiere dejarlo a un lado por el momento, aunque asegura tener «la mejor de las disposiciones» para escuchar las propuestas y soluciones alternativas de los grupos.
No obstante, la presentación del nuevo decreto, aunque no atienda esta cuestión, supone una rectificación por parte del Gobierno, en la medida en que la propia Montero descartó la semana pasada presentar desde el Ejecutivo una nueva iniciativa para recuperar las medidas que quedaron derogadas, e instó a los grupos a proponer alternativas.
Medidas
En concreto, el nuevo decreto recuperará la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. Esa regla, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite a los consistorio destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.
Ante la crisis del coronavirus, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de marzo un decreto ley que contemplaba que las entidades locales pudieran destinar hasta 300 millones de euros del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social. También ampliaba el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, que incluye ayudas para familias, autónomos y empresas.
Posteriormente, el Gobierno determinó que el importe máximo que cada ayuntamiento podría destinar a esas políticas sería el 20% de su superávit una vez atendidos los pagos a proveedores y la amortización de la deuda.
Ahora, tras fracasar el anterior decreto ley, el Gobierno volverá a proponer que se suspenda la regla de gasto en 2020 y, además, prorrogará el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.
Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. Según el Ministerio, el impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros.
Además, habilitará la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario. Y con carácter excepcional, se permitirá que las Diputaciones Forales y los Cabildos Insulares de Canarias puedan utilizar el superávit de 2019 para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales concertados o en los ingresos tributarios que obtengan y les correspondan exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación estatal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Hacienda informa asimismo que en este nuevo decreto también recogerá las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las Entidades Locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.
También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. «Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería», añaden.
Además, se permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. «Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas», avanzan.
Según el Ministerio, otro aspecto «fundamental» que también se recuperará en este nuevo decreto «tiene que ver con las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo que supone para los ayuntamientos 634 millones».
«También se instrumentarán los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. De esta forma, las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020», explican a continuación.
Remanentes
Por último, Hacienda reconoce que en esta iniciativa no va a incluir medidas relativas a los remanentes y lamenta que la propuesta pactada con la FEMP, que suponía, a su juicio, «poner solución a un problema estructural y complejo», no haya tenido el respaldo del Congreso. «En cualquier caso, eso no puede impedir que otras medidas urgentes y que benefician a los ayuntamientos queden sin ejecutarse», argumenta.
En el anterior decreto, la ministra, con acuerdo de la FEMP y el único apoyo de los alcaldes socialistas, impulsó una fórmula que permitía esquivar el veto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Constitución a la posibilidad de que los ayuntamientos registren déficit, de forma que los municipios que quisiesen podrían hacer un préstamos a la Administración del Estado por los más de 14.000 millones de euros acumulados en remanentes para recibirlos de forma progresiva durante los próximos diez años.
Para ello, Hacienda ofrecía acceso a líneas de financiación de unos 5.000 millones a fondo perdido entre 2020 y 2021 a los ayuntamientos que se ofreciesen, así como cubrir parte de sus gastos y que parte de ese montante estuviese ligado a la población y no a su remanente con el fin de beneficiar también a los municipios que no tuviesen ahorros.
Los alcaldes que se opusieron al real decreto de Montero exigen que el fondo Covid de 5.000 millones para los ayuntamientos sea incondicionado, como a las comunidades autónomas, y que no dependa de los remanentes, siendo el Estado el que sufragase los fondos adicionales para los municipios. De su lado, los partidos de izquierdas abogan por eliminar el veto al déficit de las entidades locales.
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