La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles a la Fiscalía que informe sobre competencia, posible acumulación y fondo del asunto de un total de 51 denuncias y querellas formuladas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.
Según ha informado el alto tribunal, desde que se declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, la Sala ha recibido 36 denuncias y 15 querellas contra los miembros del Ejecutivo.
Será el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, al que le corresponda fijar postura sobre la competencia, la conveniencia de las acumulaciones de las acciones penales y sobre la existencia o no de indicios para sostener una investigación, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Una vez recibido este escrito, los magistrados decidirán lo que proceda.
Hasta el momento, la Sala ha estado estudiando cómo organizar y acumular todo este material antes de concluir si existen indicios que permitan abrir una investigación penal.
Las denuncias se presentan por unos hechos que se consideran delictivos, mientras que las querellas se dirigen contra personas concretas a las que se considera autoras de una determinada conducta criminal.
En este caso, entre unas y otras se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox -todos ellos en calidad de acusación popular- pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por covid-19, en calidad de acusación particular.
Fianzas
La diferencia entre unas acusaciones y otras es la que ha ocupado estos días la labor del alto tribunal, según las fuentes consultadas, ya que mientras que las denuncias pueden ser presentadas directamente para informe a la Fiscalía, al igual que las querellas que impulsan acusaciones particulares las que son presentadas por asociaciones requieren más trámites. Sus representantes deben presentar poder y se les impone una fianza, que en el Supremo suele ser casi siempre de 12.000 euros.
Así, en los últimos días la Sala ha estado trabajando en estas funciones preliminares para agrupar las diferentes acciones penales presentadas por materia, delitos y querellados. Algunas se han presentado contra todos los miembros del Gobierno, mientras que otras se dirigen de forma específica contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otros altos cargos de su departamento como es el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.
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