En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo muestra su disposición a celebrar este mismo martes la primera reunión constitutiva de la Mesa, que presidiría Sánchez acompañado de los cuatro vicepresidentes del Gobierno (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera), si bien amplía el margen para ese primer encuentro hasta el 30 de abril.
Esta mesa de diálogo buscará alcanzar un gran consenso político y social para la reconstrucción y la salida de la crisis provocada por la COVID-19 con el objetivo de favorecer la recuperación del crecimiento (el FMI pronostica para España una caída de su PIB del 8 por ciento este año) y la creación de empleo lo antes posible.
La segunda aspiración de la Mesa es fortalecer la sanidad y el sistema de protección social de manera que se garantice la solidaridad con los sectores más afectados y desprotegidos.
UNA PROPUESTA ABIERTA
El propio documento con la metodología sugerida por el Gobierno aclara que se trata de una «propuesta abierta» para organizar el trabajo y como tal está sujeta a las aportaciones que acuerden las distintas fuerzas políticas. Es más, la propia metodología de trabajo es parte del orden del día que plantea el Ejecutivo para la reunión constitutiva y por tanto, debe ser acordada por los participantes.
El PP, por ejemplo, está avanzando, tras la conversación entre su líder, Pablo Casado, con Sánchez, que esta mesa se reconducirá a una comisión parlamentaria, como pedían los 'populares'.
Para alcanzar los objetivos de la Mesa, el Gobierno propone crear cuatro grupos de trabajo en torno a los temas que él avanzó en su rueda de prensa del sábado y donde cree que podría encontrarse un mínimo común denominador: cómo recuperar la actividad económica; políticas sociales y sistema de cuidados; fortalecimiento de la Sanidad pública y posición común ante la UE.
En estos grupos de trabajo estaría representado el Ejecutivo (con un máximo de tres miembros en función de los temas que se traten) y los partidos con representación parlamentaria atendiendo a criterios de proporcionalidad, de manera que los grupos más numerosos tengan un mayor número de representantes que los más pequeños.
Así, el PSOE podría designar hasta a siete representantes en los grupos de trabajo, el PP hasta seis y Vox (aunque en un principio se han autoexcluido de la mesa), un máximo de cinco, uno más que Unidas Podemos, a los que corresponderían cuatro. ERC podría designar a tres, Ciudadanos, Junts per Catalunya y PNV, dos cada uno, y Bildu, Más País, la CUP (que como Vox también se ha excluido) Coalición Canaria, UPN, BNG, Compromís, PRC, Nueva Canarias, Foro y Teruel Existe, uno cada uno.
Cada grupo de trabajo contaría con un coordinador designado por el Gobierno y con un coordinador adjunto elegido por acuerdo entre los integrantes de ese grupo de trabajo que tendrán como misión ordenar y moderar las reuniones.
La idea que plantea el Gobierno es que los grupos de trabajo inviten a expertos o representantes de entidades de la mayor relevancia en el ámbito del que se trate para que puedan ofrecer su diagnóstico y recomendaciones. Las conclusiones y propuestas a las que llegue cada grupo se elevarán a la Mesa para la reconstrucción coordinada por Calvo antes del 1 de junio, según el plan sugerido por el Ejecutivo.
La propuesta contempla que el presidente del Gobierno o cualquier otro miembro del Ejecutivo pueda asistir cuando lo considere oportuno a las reuniones de los grupos de trabajo, que se celebrarán a lo largo del mes de mayo preferentemente en el Congreso de los Diputados, sin excluir los encuentros vía telemática o en otros emplazamientos.
OTROS FOROS EN PARALELO
En paralelo a estos trabajos, el Gobierno seguirá convocando la mesa de diálogo social con los representantes de los empresarios y los sindicatos, cuyos acuerdos se elevarán asimismo a la Mesa por la reconstrucción.
El Ejecutivo seguirá convocando cuando corresponda la Conferencia de Presidentes autonómicos (está habiendo una a la semana) para recibir aportaciones y cuando se estime conveniente se hará lo propio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sánchez se ha fijado el mes de junio para que la mesa de partidos selle sus acuerdos y la primera quincena de julio para que el consenso alcanzado sea rubricado por las Comunidades Autónomas y las entidades locales en aras de garantizar su cumplimiento.
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