El anuncio de las conclusiones definitivas se ha dado a conocer al término de la fase documental del juicio. La primera acusación en intervenir ha sido el Ministerio Público con el fiscal Jaime Moreno, que ha mencionado expresamente que entre las pequeñas modificaciones realizadas en su escrito se encuentra la petición de que se aplique al caso artículo 36.2 del Código Penal.
Esta norma establece que cuando la duración de la pena de prisión impuesta es superior a cinco años, el tribunal puede ordenar que el acceso de los condenados al tercer grado penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
La inclusión de este artículo en el escrito de conclusiones definitivas es importante porque de no hacerlo ninguna de las partes que ejercen la acusación, el tribunal no podría mencionarlo en la sentencia, según han explicado a Europa Press fuentes fiscales. Por eso, el Ministerio Público solicita al tribunal que haga constar esta indicación en caso de que haya condenas finalmente.
Así, y según el escrito definitivo, se pide para Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del procés. Las siguientes penas más altas que solicita el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.
Para cada uno de ellos, los fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.
En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.
En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia. Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.
ERROR MECANOGRÁFICO DE FISCALÍA
Al trámite no le ha faltado su anécdota, puesto que por un «error mecanográfico de Secretaría» del Ministerio Público el escrito definitivo incluía un aumento de la petición de condena de cárcel para lo Jordis hasta los 18 años de cárcel y una rebaja de un año (hasta los 16) para Forcadell. A la vuelta del descanso el fiscal Moreno ha advertido la errata al tribunal y ha señalado que presentarían por escrito el escrito de calificaciones correcto.
Por otra parte, el fiscal Jaime Moreno ha comunicado al tribunal del 'procés' la eliminación del escrito de conclusiones definitivas las peticiones de pena para los que fueron compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, ya que fue la propia Sala la que, antes de este juicio, envió su procesamiento por desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerarlo el organismo competente.
LOS FISCALES CREEN A TRAPERO
En cuanto al relato de hechos, Moreno ha explicado al tribunal que la Fiscalía no ha modificado nada de lo que considera probado ni de la calificación jurídica, si bien ha incluido «una redacción más completa y rica en detalles» en relación a Unipost, la «hoja de ruta» de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la reunión que los mandos de los Mossos d'Esquadra convocaron con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn para manifestarles su preocupación por la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
Sobre esta reunión, la Fiscalía ha dado total credibilidad a las declaraciones que durante el juicio han prestado los que en el otoño de 2017 ejercían de mandos de los Mossos d'Esquadra, incluido el mayor Josep Lluís Trapero, quien también está acusado de rebelión y en la Audiencia Nacional se enfrenta a 11 años de prisión.
Los fiscales de la causa del 'procés' explican en su relato de hechos que el mayor Trapero y los comisarios Ferrán López y Joan Carles Molinero ya hicieron su advertencia a Puigdemont y Forn el 26 de septiembre, pero dos días después los mismos mandos policiales, a los que se sumaron Emili Quevedo y Manel Castellví, «pidieron una nueva reunión».
El Ministerio Público considera probado que en ese nuevo encuentro los jefes de los Mossos avisaron de la «enorme movilización de personas que se iba a producir (hasta dos millones)» y que era «altamente probable que se produjeran situaciones violentas al enfrentarse con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial» de impedir el referéndum.
«Los mandos policiales pidieron a sus responsables políticos que desconvocaran el referéndum para evitar que se produjeran choques y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Pese a ello, la decisión de los miembros del Govern fue seguir adelante con el referéndum, dando instrucciones a los mandos de los Mossos d'Esquadra para que facilitaran su realización a pesar de su manifiesta ilegalidad. Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia», afirman los fiscales.
En cuanto a la hoja de ruta de la ANC, el Ministerio Público incluye un apunte importante en su relato de hechos, y es que «en una reunión celebrada en Badalona en el mes de junio de 2016», se introdujo «un cambio sustancial» en ese documento «para el desarrollo del 'procés'», como es que «la aprobación de las leyes de desconexión y la convocatoria del referéndum deberían llevarse a cabo no más allá de septiembre de 2017» y la «necesidad de utilizar su excepcional poder de movilización como respuesta a las acciones represivas del Estado».
Otro de los cambios en el escrito fiscal se refiere al material para la consulta incautado en el registro de Unipost, ya que concreta las cantidades aprehendidas, el material probatorio sobre este asunto y concluye que que el gasto público comprometido ascendió a 979.661'96 euros.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.