La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, han insistido en la necesidad de introducir el consentimiento expreso en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), haya confirmado este miércoles la condena de 9 años de prisión por un delito de abuso sexual impuesta el pasado abril por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de 'La Manada'.
En declaraciones a Europa Press, Llop ha defendido una «adecuada» interpretación y regulación de la intimidación y el consentimiento en los delitos sexuales porque «solo sí, es sí». Esto ya lo reivindicó la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, tras conocerse la sentencia de la Audiencia de Navarra que absolvió a los acusado de un delito de agresión sexual al no apreciar ni violencia ni intimidación en los hechos.
«No se puede exigir una reacción por parte de la víctima cuando hay una intromisión ilegitima a su libertad sexual porque solo sí es sí. Cuando hay una intrusión en su ámbito de la libertad sexual, la víctima no tiene por qué reaccionar y eso debe recogerse o bien en la interpretación o bien en la regulación de estos delitos», ha señalado Llop.
En este sentido, ha recordado que la sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia ya está trabajando en la revisión de la tipificación de estos delitos en el Código Penal. Aunque el dictamen que elaboren los expertos que la conforman no será vinculante, sí dará «una orientación» al Gobierno a la hora de elaborar una propuesta definitiva, según ha apuntado la delegada del Gobierno.
«El Gobierno lo primero que necesita es el dictamen, y luego tendrá en cuenta la jurisprudencia y ver cómo ha ido evolucionando la misma y cómo ha ido aplicando la perspectiva de género a este tipo de delitos», ha incidido. Con todo ese análisis, el Ejecutivo realizará una propuesta o proyecto de reforma del Código Penal, según ha agregado Llop, que también considera que es «muy importante tener en cuenta la percepción de la ciudadanía».
«PREOCUPACIÓN POR LA DIVISIÓN DE CRITERIOS»
En la sentencia del TSJN que confirma la condena a La Manada por abuso sexual, dos de los cinco magistrados han emitido un voto particular discrepante al considerar que hubo un delito continuado de agresión sexual con intimidación, aunque la mayoría del tribunal ha ratificado la condena.
En este sentido, el Gobierno ha expresado su «preocupación por la división de criterios en la judicatura» sobre la interpretación de los delitos contra la libertad sexual. «Esto genera falta de confianza e inseguridad por parte de la ciudadanía», ha recalcado Llop a Europa Press.
«Hay que analizarlo. No se puede legislar a golpe de caso y la comisión de codificación tiene que hacer su trabajo con serenidad y el tiempo que requiera para dar la respuesta más adecuada y eficaz a la regulación de este tipo de delitos», ha afirmado, preguntada por los trabajos de este órgano asesor de Justicia, que ha pospuesto su informe de conclusiones en dos ocasiones.
Los expertos que componen la sección penal de la Comisión de Codificación no tienen todavía una propuesta definitiva ni han llegado a un acuerdo sobre cual es la mejor manera de abordar la modificación de la tipificación de los delitos penales, algo que achacan a su «complejidad». Fuentes de la comisión señalan a Europa Press que habrá una propuesta cerrada antes de fin de año «seguro».
El próximo 13 de diciembre hay convocada una reunión del órgano en la que se debatirán dos borradores. Uno de ellos contempla la posibilidad de abordar esta reforma legislativa estableciendo un único delito contra la libertad sexual, que incluiría en un mismo tipo el delito de agresión, la violación, y el de abuso. La otra alternativa es acometer esta reforma manteniendo la tipificación separada.
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