El Gobierno devolverá en seis semanas la universalidad a la sanidad pública

El plazo marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez para devolver la universalidad al SNS son de seis semanas para llevar el nuevo real decreto al Consejo de Ministros y 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.

Se trata de una medida que los socialistas han reclamado desde que se aprobara el Real Decreto 16/2012 y que, tal y como ha recordado la portavoz del Ejecutivo socialista, ha sido solicitada por organismos internacionales como, por ejemplo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea e, incluso, el Defensor del Pueblo.

El Real Decreto 16/2012 se aprobó durante el mandato de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad y originó un importante rechazo entre diferentes sectores de la sociedad al retirar de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, excepto en los servicios de Urgencias y a embarazadas y menores de edad.

Asimismo, el real decreto contemplaba otras medidas como, por ejemplo, el copago de medicamentos en función de la renta de cada ciudadano y fijó nuevas condiciones de uso para ser titular de una tarjeta sanitaria.

Diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, cuya Consejería de Sanidad ostentaba la actual ministra del ramo, Carmen Montón, aprobaron diversas medidas para atender en la sanidad pública a "todas" las personas, con independencia de su situación administrativa.

"Todas las comunidades están actuando para solucionar los problemas que este real decreto han planteado, excepto Ceuta y Melilla, y con el nuevo real decreto, que va a tardar en venir, vamos a un procedimiento regulado para devolver el derecho a la salud a todas las personas", ha señalado Celaá, para asegurar que la medida se ha adoptado por "decencia política".

Por ello, la portavoz del Gobierno ha asegurado que no habrá "ninguna comunidad autónoma" que vaya a incumplir el real decreto que va a elaborar el actual Gobierno porque, tal y como ha señalado, incluso autonomías que seguían sin atender a los inmigrantes se sentían "muy incómodas" con la situación, por lo que "seguro" que cumplirán con la normativa de los socialistas "en todos sus términos".