El exconsejero de Presidencia y excandidato a presidir la Generalitat de Cataluña Jordi Turull ha acusado este martes al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el 'procés' soberanista en Cataluña de convertirle en un "preso político" y le ha reprochado que sea este órgano judicial el que diga a quién tienen que votar para presidir la Generalitat.
Fuentes presentes en la declaración han señalado que durante su declaración indagatoria, a la que Llarena le había citado para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, Turull ha reprochado al magistrado que no sabe si él era un preso político el pasado mes de noviembre, cuando entró por primera vez en prisión por orden de la juez de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, si bien ahora "no tiene ninguna duda" al respecto.
"Usted me ha puesto en la cárcel por que como ha dicho literalmente en su auto yo no garantizo un acertado retorno al autogobierno", ha lamentado el exmandatario, para añadir que existe un cruce de poderes: "Mientras el gobierno nos dice cuando nos procesaran y por qué nos condenaran, el Supremo nos dice a qué presidente tenemos que votar".
"DEJE DE METER LA JUSTICIA EN LA POLÍTICA"
Por todo ello, Turull ha pedido a Llarena que "deje de meter la Justicia en la política" y no pretenda decir "quién debe ser el candidato a presidir la Generalidad".
De este modo, el exconsejero se une al cambio de estrategia evidenciado por otros procesados, como los también exmiembros del Govern Josep Rull y Raül Romeva, que utilizaron su comparecencia de ayer para reprochar al magistrado la vulneración de sus derechos y la politización del procedimiento judicial. Del mismo modo actuaron el lunes el exvicepresidente Oriol Junqueras y los que fueran líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixat, ya que frente declaraciones anteriores de sometimiento a la legalidad optaron por reprochar ante el instructor de ausencia de separación de poderes en España.
El magistrado del alto tribunal atribuye indiciariamente a Turull los delitos de rebelión y malversación por impulsar la movilización desde sus funciones de portavoz de la Generalitat. Además, le acusa de gestionar y diseñar la inserción publicitaria del referéndum, coordinar infraestructuras informáticas para la votación y reclutar a voluntarios.
NO RENUNCIARÁ A SUS IDEAS
En un tono muy duro, según fuentes presentes en la diligencia, Turull ha manifestado que no renunciará a sus ideas políticas y se pregunta qué pudo hacer durante las semanas que estuvo en libertad -desde principios del mes diciembre hasta el pasado 23 de marzo- para que el instructor de la causa considere que hay riesgo de reiteración del delito.
Por otro lado, ha realizado una llamada al diálogo y ha recordado que ya la hizo durante el discurso para su fallida investidura como president de la Generalitat.
En otro momento de su declaración, que su defensa ha calificado de "cordial" en el modo de expresión, Turull ha preguntado a Llarena en qué informe pericial se ha basado para asegurar que en su "espera psicológica interna" tiene intención de insistir en el delito.
Finalmente, y al igual que otros procesados, Turull ha aludido a las palabras del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y del propio presidente Mariano Rajoy asegurando que no se gastó un euro de dinero público en el referéndum del 1 de octubre, por lo que no ve base para ser condenado por malversación.
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