En un comunicado de la Cámara, Torrent ha lamentado la "vulneración de derechos" por parte del tribunal, y ha defendido que debería haber permitido a Sànchez estar en la Cámara en virtud de la resolución de marzo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
También ha anunciado una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament a las 10.30 de este viernes para "dar respuesta" a la decisión del Supremo.
PETICIÓN EN VANO
Ha recordado que el lunes envió una carta al juez que instruye la causa, Pablo Llarena, pidiéndole que facilitara la asistencia de Sànchez y afirmando que la resolución de Naciones Unides es obligatoria para "todos los poderes del Estado".
En aquél escrito el presidente alegó: "En caso de que el Tribunal Supremo no cumpliera con la resolución se produciría un daño irreparable a los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez y el Estado incumpliría sus obligaciones internacionales".
Tanto Torrent como JxCat y ERC aspiraban a que Llarena sí aceptara esta vez que Sànchez estuviera en el pleno, ya que consideran que la resolución del Comité de Derechos Humanos avala respetar los derechos políticos del candidato.
TERCERA SUSPENSIÓN
Es el tercer pleno de investidura convocado por Torrent en que luego da marcha atrás: el primero fue el martes 30 de enero y el candidato era Puigdemont, y el segundo fue el del lunes 10 de marzo y el candidato era Jordi Sànchez.
El único pleno de investidura que se ha llegado a celebrar en esta legislatura fue el de Jordi Turull (JxCat) el 22 de marzo: fue rechazado en primera votación por la falta de apoyo de la CUP, y la segunda votación ya no se pudo celebrar porque el exconseller reingresó en la cárcel el día 23.
En todas las investiduras fallidas, el motivo ha sido el mismo: la imposibilidad del candidato de acudir al hemiciclo; en el caso de Puigdemont, porque reside en el extranjero y rechaza volver porque sería encarcelado, y en el caso de Sànchez, porque está en la cárcel.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Así, hasta ahora los independentistas han decidido siempre respetar el auto del Tribunal Constitucional del 27 de enero que avisó de que cualquier investidura debía tener como requisito indispensable que el candidato acudiera al pleno.
En paralelo a todas las investiduras fallidas, JxCat ha empezado a tramitar una reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat para que la Cámara puede investir a distancia --sin necesidad de ir al hemiciclo-- a un candidato a la Presidencia del Govern.
Varios grupos de la oposición ya han advertido de que consideran inconstitucional la medida y han empezado a presentar recursos: los primeros recursos, ante el Consell de Garanties Estatutàries, y no descartan acudir al Constitucional si hace falta.
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