Así lo ha señalado en una comparecencia de prensa en donde ha subrayado que «no consta» el acta de esta defensa pese a que su archivo es «obligatorio» y que tampoco se ha remitido la memoria de dicho TFM, que habría sido defendido, según la propia presidenta, el 2 de julio de 2012.
«Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio, tampoco ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar», ha sostenido.
El rector, que ha comparecido respaldado por su equipo de Gobierno, ha explicado que en la mañana del pasado 21 de marzo, tras las primeras informaciones en medios de comunicación por la presunta manipulación de la funcionaria Amalia Calonge de las actas de dos asignaturas del máster de Derecho Público Autonómico impartido por Cifuentes, contactó con la propia trabajadora y los dos profesores de las materias en cuestión: Pablo Chico y Enrique Álvarez Conde.
Ambos, según ha relatado el rector, le «aseguraron y dejaron constancia escrita» de que la presidenta de la Comunidad de Madrid había superado las asignaturas y que habían sido ellos los que habían modificado el cambio de las actas, que consistió en sustituir la calificación de «no presentado» por la de notable.
«Estas afirmaciones se realizaron frente a varios testigos», ha aseverado Ramos para añadir que también contactó «vía telefónica» con la supuesta secretaria del tribunal del TFM, en referencia a Cecilia Rosado, que «confirmó que la defensa tuvo lugar y así se lo habían ratificado los otros dos miembros del tribunal».
Por ello, ha aclarado, compareció ante los medios de comunicación junto a los dos profesores para transmitir esa información de la que se disponía hasta el momento y que en el transcurso de la tarde siguió recabando datos. En esta línea, solicitó a Chico y Álvarez Conde que aportaran la documentación que «de forma verbal como por escrito habían afirmado delante de testigos que existía y tenían».
Tras esto, a las 17.29 horas se recibió por parte del profesor Álvarez Conde la versión escaneada de ese acta de TFM y ante las «inconsistencias» detectadas se ordenó, a las 17.55 horas, a la jefa de Servicios de Inspección de la URJC, Pilar Trinidad, la apertura de una información reservada para aclarar lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.
A su vez, el rector ha enfatizado que él mismo ordenó la apertura de esa investigación a los 26 minutos de recibir el acta de la que «algunos le acusan de haber ordenado manipular» y que también se reclamó a los profesores implicados que hicieran públicas las declaraciones escritas que ellos habían suministrado al Rectorado, algo a lo que accedió Chico pero a lo que se negó el director del máster que cursó Cifuentes.
Los trabajos de investigación comenzaron al día siguiente y transcurrieron «de forma activa» durante la semana pasada, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, al recopilar información documental y telemática sobre este asunto. Luego se procedió a citar a los implicados durante esa semana y en las actuaciones practicadas «se constata que no consta dicha acta, cuyo archivo es obligatorio, y que no se ha remitido la memoria del TFM, por lo que no se puede confirmar que se haya defendido dicho trabajo».
Además, ha confirmado que la profesora Alicia López de los Mozos, que figuraba como presidenta de ese TFM, aseguró ante la Jefa de Inspección que no formó parte ni dirigió dicho tribunal y también aseveró que no había examinado a Cifuentes. A su vez, tampoco reconoció el contenido del TFM de Cifuentes que se difundió ese mismo día 21 de marzo.
Por ello y ante la apreciación de posible delito de falsedad documental, el rector se ha personado en la sede de la Fiscalía del área de Móstoles para esa parte de la investigación para que investigue la posible falsedad documental.
Ramos ha detallado que ha entregado al Ministerio Público, dentro de esa denuncia, los escritos de los dos profesores, las actas y la declaración de Alicia López de los Mozos, algo que se ha plasmado a las 10.45 horas de este viernes.
DISCULPAS POR LA RUEDA DE PRENSA DEL 21
Ramos ha aseverado que su actitud ante toda esta polémica ha sido la de «esclarecer la verdad» y que pudo «pecar por confiar en exceso en personas que no se lo merecían», como «quedó patente» en la comparecencia del 21 de marzo, de la que ha pedido «disculpas». «Nunca ha actuado de forma ilegal y no voy a permitir que nadie ensucie mi nombre y el de la universidad», ha remachado, reconociendo que ha podido haberse equivocado en «decisiones puntuales».
El rector ha querido agradecer a la CRUE su colaboración en esta investigación y ha destacado que la jefa de Inspección de la Universidad de Murcia, que es observadora externa de este proceso, ha estado en constante contacto telefónico y telemático con su homóloga de la URJC.
A su vez, ha confirmado que a partir de la semana que semana que viene tanto la representante de la Universidad de Murcia como el jefe de Inspección de la Universidad de Burgos revisarán «presencialmente» todo el proceso de investigación llevado a cabo y valorarán las actuaciones emprendidas.
A su vez, ha aclarado que la investigación continuará en aquellos aspectos que no impliquen el asunto de la posible falsedad documental, ya en manos de la Fiscalía.
COMPROMISO CON LA «TRANSPARENCIA, LA ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO»
El rector ha subrayado al final de su intervención, que ha suscitado gran expectación mediática y que se ha celebrado ante el salón de actos del Rectorado ante la gran afluencia de periodistas, su compromiso con la «transparencia, la ética y el buen gobierno» de la URJC.
«La sociedad en general, las más de 25.000 personas que todos los días trabajan en nuestra universidad y los más de 45.000 alumnos que depositan en nosotros su confianza se lo merecen», ha concluido.
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