"El proyecto político independentista es legal y acorde con el derecho internacional de los estados democráticos. Negar el espacio político independentista es negar la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional", resume el recurso, recogido por Europa Press.
Junqueras y Romeva defienden que si el proyecto independentista es legal, "entonces hacer efectiva la independencia es la consecuencia lógica de dicho proyecto" y los únicos límites son los del respeto a la vías pacíficas y democráticas que aseguran que siempre respetaron.
"Si el independentismo es legal, ¿cómo no lo habría de ser la búsqueda de apoyo popular de una determinada ideología?", se preguntan en el recurso, y aseguran que el relato que hace la justicia del referéndum y de las protestas ante la Conselleria de Economía del 20 de septiembre es sesgado.
El mismo documento niega que puedan imputarse a Junqueras y Romeva los delitos de malversación y rebelión: el primero porque asegura que no se dedicaron fondos públicos al referéndum, y el segundo porque en ningún momento del proceso soberanista ha habido un "alzamiento violento".
El recurso, firmado por el letrado Andreu Van den Eyde, lamenta que el auto de procesamiento efectúa "algunas piruetas argumentativas para abordar esa evidente falta de violencia" y, además, alega que se imputa por rebelión a sus representados al mismo tiempo que se dice que la voluntad violenta es poco nítida.
FALTA DE NEUTRALIDAD
El abogado de Junqueras y Romeva también lamenta que sus representados están sufriendo un "calvario inmerecido" y defiende que son representantes políticos elegidos por centenares de miles de electores con un programa electoral legal que es trabajar por la independencia.
Además, sostiene que revisar el auto de procesamiento daría lugar a un escenario esperanzador por el que cual el poder judicial cediera "a la política la responsabilidad de solucionar un problema político", en alusión a la situación de Cataluña.
También alega que el juzgado competente para el caso es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que los investigados son diputados del Parlament, y lamenta que la neutralidad "brilla por su ausencia tanto en el procedimiento como en la resolución recurrida".
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