Lo han hecho uniendo sus votos en el Pleno del Congreso para tumbar una moción del PDeCAT que buscaba la derogación los reales decretos aprobados al amparo de ese precepto constitucional, entre ellos el que sirvió para cesar al expresidente Carles Puigdemont y sus consellers.
También han rechazado la iniciativa los socios electorales del PP --Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias--, así como Coalición Canaria: la moción sólo ha contado con el apoyo de Unidos Podemos, ERC, PNV, Compromís y Bildu, mientras que Nueva Canarias se ha abstenido.
Esta ha sido la primera votación que ha tenido lugar en el Congreso sobre el 155, que el pasado lunes cumplió un mes en vigor, y se ha celebrado en plena precampaña de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, convocadas también bajo el paraguas de ese polémico artículo.
El debate de la moción, que se sustanció el pasado martes, derivó en un cruce de insultos entre los partidos independentistas catalanes y los partidarios de la activación de esta herramienta constitucional: "fachas", "golpistas" y mentirosos fueron algunas de las 'lindezas' que se escucharon en el hemiciclo.
UNA INTERPRETACIÓN "SINGULAR"
En concreto, el texto rechazado por el Pleno instaba al Gobierno a "derogar los reales decretos de suspensión de la autonomía de Catalunya en cumplimiento de la singular interpretación y aplicación del artículo 155 de la Constitución autorizadas por el Senado".
La Cámara Alta autorizó al Gobierno a aplicar el 155 el pasado 27 de octubre, el mismo día en el que el Parlament dio el visto bueno a la declaración de independencia con los votos de JxSí y la CUP.
Horas después de recibir la autorización, el Consejo de Ministros aprobó los decretos por los que cesó al Govern y sus funciones fueron asumidas por los distintos ministerios.
Una vez que Gobierno se hizo con las competencias del Ejecutivo autonómico, también a través de un real decreto, Mariano Rajoy convocó las elecciones autonómicas catalanas que tendrán lugar el 21 de diciembre.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Además de hacer referencia al 155, el texto incluía un segundo punto que emplazaba al Gobierno a abordar las reformas estructurales necesarias para garantizar la independencia judicial, en particular en las relaciones entre la administración y la Fiscalía, y la administración y los órganos del gobierno de del Poder Judicial.
Los independentistas catalanes vienen denunciando la injerencia del Gobierno en los nombramientos y las actuaciones de la Fiscalía, singularmente en todo lo relacionado con el desafío independentista en Catalunya.
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