Las mismas fuentes han explicado que ayer se envió una resolución de la Secretaría General de Hacienda en la que se confirmaba este rechazo y en la que se informaba de que, en aplicación a los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se aplicarán las medidas coercitivas que contempla la normativa.
Según la ley, en caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, el Ayuntamiento deberá aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, "la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido".
"Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento específico", recoge la normativa.
También contempla, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la constitución de un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
INCUMPLIMIENTO DE GASTO
Mediante una carta, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya Romero, trasladó la semana pasada a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que una vez analizado el PEF se observaba que parte de una "premisa errónea" y es que para determinar el techo de gasto de los años se ha tomado como base "el gasto ejecutado en 2016 pese a haber excedido el máximo legal".
Así, desde Hacienda subrayan que la propuesta de PEF del Gobierno local prevé un gasto para los años 2017 y 2018 que excede el límite en un importe de 238.025.715,54 euros y 243.586.509,71 euros respectivamente. Fernández de Moya Romero recordaba a la alcaldesa que la senda de gasto del Ayuntamiento debe "acomodarse al marco legal definido" en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
3 comentarios
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ni en un tebeo de mortadelo y filemon oye! España si es different si! que viva la corrupción hombre!
y en las cuentas de la organización para delinquir que es el partido popular, no habrá intervención?? Ver Guen Zaaaaa
Deberías haber intervenido las cuentas cuando vuestros amiguetes se llevaban el dinero a espuertas.