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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que continúan en Bélgica se han presentado voluntariamente ante la sede de la Policía federal en Bruselas y han sido "privados de libertad a las 09.17 horas", según ha informado en una rueda de prensa el portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Gilles Dejemeppe.

"Hemos tenido contactos regulares con los abogados de las cinco personas y se acordó una cita esta mañana en la comisaría de la Policía federal en la calle Royal. Han llegado los cinco acompañados por sus abogados y se les ha notificado que eran privados de libertad y (el contenido) de la orden europea", ha explicado Dejemeppe.

De esta comisaría, próxima al Palacio de Justicia y a la Fiscalía local y federal, los cinco arrestados han sido trasladados después a la Fiscalía en furgón policial, según ha indicado el portavoz del Ministerio Público, que ha dicho desconocer si iban esposados, pero ha advertido de que no suele ser el caso cuando las personas no suponen un riesgo para los agentes que les acompañan.

La ley belga establece que el juez de instrucción debe decidir en un plazo de 24 horas a partir del arresto sobre los pasos a seguir, esto es, si acepta tramitar la euroorden y si los acusados deben continuar en prisión o son puestos en libertad bajo condiciones, lo que implica que será "el lunes a las 09.17 horas a más tardar".

Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan --Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí-- han sido trasladados a la sede de la Fiscalía, en donde esperan a que un juez sea designado y presten declaración ante él "a lo largo de la tarde".

A lo largo de la tarde, una vez sea nombrado el juez, Puigdemont y los exconsellers prestarán declaración ante el juez sucesivamente, en sesiones a puerta cerrada en las que sólo estarán acompañados por su letrado y por un traductor.

El abogado de Puigdemont es Paul Bekaert, magistrado flamenco conocido en España por haber defendido en el pasado a varios etarras detenidos en Bélgica y sobre los que España pidió la extradición. Bekaert ha ofrecido asesoramiento legal también a los exconsellers, aunque hay otros abogados que les defienden.

NINGUNA INJERENCIA POLÍTICA

El viaje de Puigdemont a Bruselas días antes de que la Audiencia Nacional le citara para declarar, unido a la posibilidad de ofrecerle asilo político esbozada por el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken, tensaron no sólo las relaciones entre los Gobiernos de España y Bélgica, sino también dentro del propio Gobierno belga.

Sin embargo, el Fiscal portavoz de Bruselas ha querido dejar claro que este proceso es puramente "judicial" y que no ha habido injerencias políticas, ni los Gobiernos tienen papel que jugar.

"Desde que ayer recibimos el mandato en la Fiscalía no hemos tenido ningún contacto, con ningún ministro ya sea belga o ministro en España", ha zanjado Dejemeppe a preguntas de la prensa.

Aunque no se ha informado aún de quién será el juez instructor sí se puede adelantar que será un magistrado neerlandófono, idioma que ha sido elegido por Puigdemont y el resto de arrestados para el procedimiento, a pesar de que ninguno de ellos habla la lengua.

Tenían la posibilidad de "elegir entre el francés y el neerlandés" para el procedimiento, ha explicado el Fiscal bruselense, y han optado por el segundo. "Quizá ha sido un consejo de sus abogados", ha apuntado.

Se espera que el juez termine de interrogarles a última hora de la tarde o primera de la noche, ha indicado la Fiscalía.

El juez de instrucción deberá pronunciarse sobre si las órdenes europeas de detención y entrega cursadas por España se ajustan a derecho, si hay alguna causa inmediata de rechazo y si procede decretar prisión para los acusados o libertad condicional sujeta a medidas para evitar su huida o a fianza.

Así, el juez "sólo se pronunciará sobre la libertad" de Puigdemont y los exconsellers, ya que el "fondo" de las euroórdenes debe ser examinado por la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia), ha avisado el portavoz.

PLAZOS

La Cámara del Consejo tiene 15 días para tomar una decisión. Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.

La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, la Fiscalía ha precisado que estos plazos se aplican a las personas sobre las que pesan órdenes de extradición y que están detenidas, por lo que en caso de que los arrestados sean puestos en libertad los plazos podrían ser "mucho mayores".

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