No se trata, según explican, de disolver el Parlamento catalán, algo que se producirá cuando se convoquen las elecciones en Cataluña. De hecho, fuentes populares y socialistas explican que una disolución de la Cámara es algo muy complicado y que podría generar el efecto contrario al que se busca. Incluso hay quien apunta que sería un coste político muy alto para una intervención que se pretende lo más corta posible.
Pero también admiten que si el Parlamento catalán mantuviera las mismas prerrogativas que tiene ahora, la mayoría independentista podría distorsionar la situación y enturbiarla con las iniciativas que presentara y que con toda probabilidad saldrían adelante con los apoyos de Junts pel Sí y la CUP.
Por estas razones, las fuentes consultadas explican que hay cierto consenso en que es necesario precisar hasta dónde puede llegar el papel del Parlamento catalán, dado que la situación jurídica que se generará con la aplicación del 155 será distinta a la actual.
Por ejemplo, desde el Ejecutivo consideran que el Parlamento catalán no puede tener la capacidad de controlar la actividad del poder provisional que sustituya al actual de la Generalitat. Entre otras razones, argumentan, porque la Legitimidad de ese órgano de gobierno provisional --bien sea a través de un ministro coordinador o de técnicos, que son algunas de las posibilidades que se barajan-- no emana del Parlamento catalán, sino que lo hará del Senado.
De hecho, consideran que lo lógico sería que fueran las Cortes, con preeminencia del Senado, las que ejercieran ese control, ya que será la Cámara Alta la que autorice la implementación de las medidas que proponga el Gobierno de Mariano Rajoy.
Las fuentes consultadas señalan, no obstante, que el Parlamento catalán puede seguir teniendo su capacidad de propuesta legislativa, pero siempre dentro del ámbito legal y del marco constitucional.
No obstante, este tema no está exento de controversia ya que son muchas las preguntas que surgen en torno a la limitación de su papel como Cámara legislativa regional. Por ello, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Cultura y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Carmen Calvo, están estudiando meticulosamente todas las variables que puede tener esta cuestión.
En las conversaciones del Gobierno y el PSOE, que se han intensificado en el día de hoy y que previsiblemente seguirán hasta que el Consejo de Ministros del sábado apruebe las medidas, también se está analizando el alcance que debe tener esta intervención de la autonomía en el Gobierno de la Generalitat.
Es decir, si debe afectar sólo al presidente, Carles Puigdemont, y a algunas consejerías que se consideran clave, como las de Hacienda y de Interior, que ejerce el control de los Mossos d'Esquadra. O si la intervención se debe ampliar a todo el Gobierno por el hecho de que respalda en su conjunto toda la "hoja de ruta" para lograr la independencia y son copartícipes de la desobediencia a los tribunales, sobre todo, a las decisiones del Tribunal Constitucional, que ha suspendido tanto la Ley del Referéndum como la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.
TÉCNICOS PARA LAS ÁREAS QUE SE INTERVENGAN
La decisión de sustituir al presidente de la Generalitat, al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, y al consejero de Interior, Joaquim Forn, se dan ya casi por descontadas dentro de esa intervención en aplicación del 155. En cuanto al resto
se analiza la conveniencia de intervenirlas todas o sólo algunas de ellas.
Y aunque se apunta que los nuevos responsables provisionales de cada área deben ser más bien "técnicos" y conocedores de las distintas materias que les toque abordar, aún no está cerrado si habrá un coordinador de todos ellos.
No obstante, en el día de hoy cobraba fuerza la idea de que pueda nombrarse un ministro para Cataluña, como la figura que coordine la actuación del Gobierno provisional, mientras se mantenga la intervención y se convoquen elecciones autonómicas.
Fuentes del Ejecutivo precisan que la aprobación por parte del Senado de la intervención de la autonomía catalana supondrá que los tres poderes del Estado --Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- estarán actuando ya en Cataluña para restaurar la legalidad y devolver la autonomía al orden constitucional.
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