En el informe, según un comunicado de Interior, destacan que los Mossos solicitaron el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacia las 09.15 horas al constatar, en muchos casos, que las dotaciones presentes y requeridas a 'posteriori' en determinados locales no podían proceder a su cierre.
Sin embargo, añaden que la Guardia Civil y la Policía Nacional llevaron a cabo actuaciones previas a este requerimiento en diversos puntos de votación, "sin informar ni comunicar estas acciones a los Mossos", por lo que concluyen que los sistemas establecidos de coordinación no resultaron eficaces.
La policía catalana destaca que definieron su dispositivo ajustándose a los criterios que se marcaron en las reuniones de coordinación celebradas entre el 25 y 30 de septiembre en la Delegación del Gobierno en Cataluña con el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
En todas las reuniones, explican, se constató que el 1-O habría una movilización ciudadana de carácter pacífico y, en el caso de actuación de la policía, de resistencia pasiva, y añaden: "Nunca se habló de resistencia activa ni de grupos que, de manera organizada, estuvieran planeando acciones violentas contra la policía".
La previsión del carácter pacífico de la jornada, compartido por los tres cuerpos, determinó que las unidades de orden público estuvieran a reacción, sin estar presentes inicialmente en los centros de votación, una reacción que debía recaer, en su mayoría, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "y siempre tenía que ser a requerimiento de los Mossos".
También concretan que impidieron la votación en un total de 446 centros de votación: 297 no pudieron abrir y se custodiaron desde primera hora de la mañana para que nadie accediera, y en 149 se paró del todo la actividad de votación o se llevaron urnas antes de su cierre.
Argumentan que en los centros donde no pudieron impedir la votación fue "por la gran cantidad de personas que había, y por el hecho de que proceder al cierre efectivos habría conllevado un uso de la fuerza que podía haber generado un daño superior al que se pretendía evitar y, que con toda seguridad, hubiera resultado imposible ejecutar siguiendo los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad".
DECOMISARON MÁS DE 400 URNAS
Tras precisar que movilizaron a 7.850 agentes y pidieron el apoyo de policías locales, que aportaron 500 efectivos al dispositivo, detallan que frenaron la actividad de votación en 99 centros, decomisaron más de 400 urnas en 141 centros, papeletas de votación, documentos relacionados con el censo, material informático que estaban en algunos centros y documentación diversa relacionada con la preparación de algunas mesas electorales.
Además, las gestiones que realizaron para cumplir con la interlocutoria del TJSC y las de Fiscalía conllevaron que antes del 1-O acreditaran más de 6.700 actuaciones en los locales donde tuvieron conocimiento de que se podría estar haciendo actividades relacionadas con el referéndum.
Estas actuaciones incluyen 2.240 actos de advertencia hechas durante los días 27 y 28 de septiembre, y más de 4.450 actos y minutas policiales los días 29 y 30 después de desplazarse hasta locales de votación.
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